No sé si es por culpa del calorazo, que nos está haciendo los sesos agua, o de las medusas, que se nos han infiltrado por la oreja para ponerse en lugar del cerebro, o se debe al hecho de que estemos disfrutando de vacaciones, con la consiguiente bajada de persiana neuronal, o porque no las tenemos aún, situación que obnubila el juicio. El caso es que el verano está haciendo estragos. Todo comenzó con aquellos catalanes que aseguraban haber votado el Estatut cuando manifiestamente no lo habían hecho, siguió la epidemia con los canarios que desean considerarse pueblo protohistórico y norteafricano, y finalmente nos ha llegado aquí, pero no como la reacción neolítica que todos pensamos que hubiera debido lanzar Ibarretxe contra los canarios, sino de una forma más abstrusa. Resulta que el 76% de los vascos quiere que el nuevo Estatuto contenga en su articulado el derecho a decidir. Como estamos medio veraneando no deseo lanzarle ninguna pulla a nuestro presidente con aquello de que quien siembra vientos recoge tempestades. Feliz él que, desde que visitó Lanzarote, no ha cogido ni un catarro, no. La propia crema bronceadora, a menos que se trate del ozono que se respira en altitud -o ese maldito tábano que revolotea por ahí-, me ha vuelto más introspectivo.
No sé qué dirá el Derecho al respecto. Al respecto de la introspección no, respecto al derecho a decidir, pero no da la impresión de que pueda decir nada. O nada distinto a que se trata de una declaración de intenciones previa a la formulación de derechos. Algo parecido al derecho a tener derechos, que se da por supuesto en las sociedades democráticas y que requiere de un acto no tanto legal, sino político en el caso de las sociedades no democráticas, o, por decir mejor, que necesita de un acto prepolítico e inaugural que recoja la voluntad general de cambiar de registro y regirse por una Constitución y un ordenamiento jurídico que sustancie y dé cuerpo a la necesidad de tener derechos. Una vez producido eso, ya nadie, nadie en su sano juicio, puede reclamar el derecho a tener derechos. En todo caso podrá decir que hay leyes, o actuaciones, que vulneran sus derechos y que por ello deben revisarse una vez que se compruebe que no es la voluntad de un iluminado, sino de la sociedad en general o en su mayoría. Piénsese en leyes como la del divorcio en España, por no meter el dedo en otras llagas. Y aquí es donde se vuelve a poner al descubierto la falacia que encierran proposiciones como el derecho a decidir. Para reclamar incluso la independencia de Euskadi no hay que invocar un derecho que parece conculcado, sino formular la petición clara y distintamente: deseo la independencia.
Y como la deseo, voy a servirme de todo el aparato legal y político que la sociedad dentro de la que me encuentro pone a mi servicio. Pero, claro, eso asusta. En cambio, la fórmula utilizada por el nacionalismo en su conjunto, una vez la puso sobre el tapete HB, presenta dos virtudes: primera, victimiza -estamos tan oprimidos que no contamos ni con el derecho a decidir-, y, segunda, contiene el grado de ambigüedad suficiente como para que nadie sepa qué quiere decir exactamente y, por si acaso, la adopte porque, chico, siempre será mejor poder decidir que no poder hacerlo. Prueba de esto último -para la victimización, acúdase al negociado de lloros del PNV- es que una reciente encuesta de la UPV arroja ganas de decidir para todos los gustos: el 35% de los vascos prefiere el federalismo frente a un 33% que prefiere la independencia y un 26% que se decanta por el autonomismo. O sea, que el derecho a decidir tal y como lo desea el nacionalismo, es decir la independencia, sólo muerde al 33% de los ciudadanos, pero gracias a su ambigua formulación consigue que se le adhiera el 76%, y eso es lo que el nacionalismo esgrimirá si es que consiguen meter la fórmula en el Estatuto, que una inmensa mayoría de vascos (y vascas) aspira a una Euskadi independiente. Y si esto no es una jugada trapacera, bajen los rayos UVA y cómanme.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de agosto de 2006