Lo peor que nos podría pasar a los europeos en el tema de los vuelos secretos de la CIA, transportando personas secuestradas a países y prisiones donde pudieran ser torturados sin vulnerar las leyes estadounidenses, es que todo quede como está. Que finalmente no se sepa cuál fue el grado de colaboración o de ocultamiento de los gobiernos de los diferentes países de la Unión. No es un tema menor, un fastidio que convenga sacudirse cuanto antes, sino justamente lo contrario: un asunto esencial en el que no es posible mirar para otro lado porque están en juego cuestiones fundamentales: la tortura, la complicidad de las autoridades en la violación de las tan cacareadas soberanías nacionales y en la violación de derechos humanos. Si ahora no somos capaces de hacer frente a este agujero negro, posiblemente en el futuro no seamos tampoco capaces de combatir otros enormes boquetes dentro de nuestras propias y ya muy amplias fronteras europeas.
Los vuelos de la CIA son un tema esencial, están en juego la tortura y la violación de derechos
La realidad es la que es. Hoy por hoy, las instituciones de la UE pueden denunciar y sancionar a un país miembro por enviar a otros calabacines con pesticidas no autorizados, pero no tienen ninguna competencia para sancionar a los gobiernos que hubieran consentido u ocultado el pase por su territorio de personas secuestradas por los servicios de información de EE UU. Ni tan siquiera, probablemente, para sancionar a uno de sus miembros si hubiera consentido temporalmente la instalación en su territorio de una prisión secreta donde torturar a esos secuestrados, como en su momento se dijo de Polonia y Rumania. Los tratados actuales permitirían que la Comisión, el Parlamento Europeo o un tercio de los países de la UE denunciaran a un socio si consideraran que existen riesgos de "violación permanente y de manera grave" de los derechos humanos, pero a la hora de tomar decisiones sobre esos hechos tendrían que ser los jefes de Estado y de Gobierno, (¡por unanimidad!) quienes aprobaran las sanciones.
¿Quiere eso decir que no es posible hacer nada en el caso de las escalas de los vuelos de la CIA, como muchos políticos pretenden hacernos creer? En absoluto. Es cierto que el informe Fava que aprobará próximamente el Parlamento Europeo no tendrá legalmente ninguna repercusión jurídica, pero sí alcanzará un importante eco político. Y lo que interesa ahora, precisamente, es mantener esa presión, no dejar que el tema quede sepultado por otros aspectos de la actualidad mientras se desarrolla algo que sí puede ser decisivo: las actuaciones judiciales en los tribunales nacionales. Por eso es tan importante que el Gobierno español acceda a desclasificar los documentos de que dispone el Centro Nacional de Inteligencia para entregárselos al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso.
De momento, los vuelos de la CIA nos han permitido saber algunas cosas importantes. Por ejemplo, que algunos políticos de los países recién incorporados a la UE tienen todavía una fuerte mentalidad dictatorial y que parecen socios muy poco fiables a la hora de tratar esos asuntos básicos. La intervención del ministro checo de Asuntos Exteriores en la reunión UE-OTAN del 7 de diciembre de 2005 (relatada en parte por este periódico el pasado viernes), da casi miedo, siempre dispuesto a dar por muerto y enterrado al derecho internacional. Claro que produce casi más estupor la de su colega británico, el laborista Jack Straw, con sus simplistas metáforas o la del ministro alemán, Frank-Walter Steinmeier, únicamente interesado en que Condi Rice le diera argumentos para tranquilizar (!) a su propia opinión pública. Tuvo que ser un país ajeno a la UE, Noruega, el que diera un cierto nivel al debate, negándose a poner en duda la vigencia de las leyes internacionales y muy concretamente de las Convenciones de Ginebra que protegen a las personas cuando son capturadas en conflictos o guerras. Su "nadie puede quedar fuera de la legislación internacional" fue quizás el alegato más europeo de la noche.
(Ya sabemos que el ministro español de Asuntos Exteriores no asistió a aquella reunión y que estuvo representado por el secretario de Estado, Bernardino León. ¿Podría informar si hizo uso de la palabra?).
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de febrero de 2007