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El juicio del 11-M, el mayor atentado en la historia de Europa con 191 muertos y 1.824 heridos, arranca hoy tras casi tres años de investigación judicial y policial que ha permitido reunir cientos de pruebas que acreditan que un grupo de islamistas radicales perpetró la matanza de los trenes con dinamita robada en Asturias.
La mitad de las víctimas aún sienten miedo e inseguridad y no han podido recuperar su vida previa al atentado, mientras que dos de cada diez afectados aún no han vuelto a montar en un tren
Salvo la matanza de Casablanca, los principales atentados suicidas cometidos por islamistas se han resuelto con pocas condenas
El que era ministro del Interior cuando se cometieron los atentados del 11-M debería "pedir perdón a los españoles por todo lo que dijo el 11 y el 14 de marzo", dijo ayer el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, al hilo del comienzo del juicio por aquellos hechos.
La misión policial española que por orden del Gobierno de José María Aznar se desplazó hasta la base militar estadounidense de Guantánamo para interrogar a detenidos (sólo uno de ellos español) ofreció a los presos, en nombre de un juez español, la posibilidad de mejorar su situación si colaboraban con información sobre radicales extremistas que actuaran en España.
El PP decidió ayer entrar en el asunto de los policías españoles que realizaron interrogatorios ilegales en Guantánamo, la base de EE UU en la isla de Cuba. Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores de este partido, señaló que se trataba de misiones diplomáticas, que no hubo interrogatorios y que los policías habían viajado "con el conocimiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón".
Los esfuerzos de eurodiputados de países implicados en el programa de secuestros e interrogatorios clandestinos del espionaje estadounidense por rebajar sus conclusiones no lograron echar por tierra el contenido del informe de los vuelos de la CIA, aprobado ayer por amplia mayoría en el Parlamento Europeo.
El Gobierno de India ha paralizado la repatriación de 229 inmigrantes del Marine I que permanecen encerrados en una nave industrial del puerto de Nuadibú, dos semanas después de que fueran rescatados por Salvamento Marítimo frente a las costas de África occidental.
Seis de los empresarios detenidos en noviembre en la tercera fase de la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella pagaron al menos 1,04 millones de euros al supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a cambio de favores urbanísticos. Así consta en un informe de la sección de blanqueo de la policía aportado al sumario del caso. Los agentes señalan que la ex alcaldesa marbellí Marisol Yagüe se costeó dos operaciones de estética en 2004 con dinero supuestamente abonado a Roca por la promotora Aifos.
La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) remitió ayer un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana en el que informa de que "no hay indicios suficientes" de que hayan incurrido en delito el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín (Coalición Canaria), y otros altos cargos de su Ejecutivo.
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