La promotora Frai se comprometió ayer de manera oficial con el Ministerio de Defensa para llevar a cabo el derribo parcial de la urbanización Novosur, cuya altura pone en peligro el aterrizaje de los aviones de la base aérea de Armilla (Granada). Los responsables de los nueve edificios que vulneran la servidumbre aeronáutica de la base presentarán la próxima semana un documento que detalle su aceptación de la resolución de Defensa, que le instó al derribo parcial y la ampliación de la pista de aterrizaje.
"Frai está satisfecha con el acuerdo ya que le permitirá desbloquear la obra, parada desde el pasado septiembre", aclararon ayer fuentes del Ministerio de Defensa. La espinosa tramitación de los edificios mantiene a 1.200 familias pendientes del mayor culebrón urbanístico de Granada, en el que están imputadas hasta 14 personas entre empresarios y políticos de la corporación municipal de Alhendín, que concedió la licencia municipal y permitió que los bloques alcanzaran las seis plantas.
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La dirección de la promotora se comprometió ayer a presentar "un borrador del proyecto de obra" a Defensa antes de final de año. A la reunión acudieron tres representantes y dos abogados de la empresa granadina junto a los mandos de la Dirección General de Infraestructura de Defensa, para cerrar los flecos del acuerdo.
Una demolición selectiva
A pesar de la complejidad de la resolución, el acuerdo estaba prácticamente cerrado, tras definir Frai la decisión de "acertada y razonable". Los constructores insistieron en que no será necesario demoler ninguna de las 1.200 viviendas, a pesar de que la corrección de las alturas alcanza hasta 3,8 metros. La promotora estima que sólo con la transformación del cuadro de ascensores y al allanar las terrazas, evitará que se vea afectado ningún piso. De este modo, las obras de reforma comenzarán en cuanto el problema se resuelva.
La promotora admitió el derribo parcial tras amenazar el ministerio con la demolición total de los edificios de seis plantas y cuya licencia municipal sólo contemplaba cuatro plantas. El promotor Fernando Rodríguez Acosta, el ex alcalde, José Guerrero (PP), y su ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, alcanzaron presuntamente un acuerdo para que un supuesto técnico de Frai manipulara las alturas de los planos de los edificios de pisos que construía Frai junto a la base militar.
Tras lograr eludir la servidumbre legal estipulada, el ex edil Fernández "obtiene como contraprestación de Fernando Rodríguez Acosta un piso", según denunció el juez del caso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de diciembre de 2007