De nada han servido dos décadas de lucha, en las que muchos han dejado su vida en el camino. El Gobierno central ha dado la espalda a los antiguos trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) al emitir dos resoluciones en las que echa por tierra la vieja aspiración de estos empleados para que se les reconozca como enfermedad profesional sus dolencias por distintas patologías asociadas a su exposición al uranio durante 22 años.
Por un lado, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dependiente del Ministerio de Ciencia, aunque la resolución la firma la titular de Educación, Mercedes Cabrera, desestima por haber prescrito la reclamación patrimonial de la asociación de ex trabajadores de la FUA, por la que pedían al Estado una indemnización de 12 millones de euros por daños y perjuicios.
Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha remitido a 78 de los 79 afectados una resolución en la que concluye que sus patologías "no tienen su origen en la contingencia de enfermedad profesional". De momento, solo en un caso, el de José Rodrigo Expósito, se le reconoce la enfermedad profesional, una medida que permitiría revalorizar las pensiones tanto de antiguos empleados como de las viudas de los ya fallecidos.
El abogado de la asociación de ex trabajadores y viudas, Manuel Ángel Vázquez, ha anunciado su intención de recurrir ambas resoluciones. Mientras, los antiguos empleados, que se reunieron ayer para valorar este revés, acusan al Gobierno de haberlos engañado.
La Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) estuvo abierta entre los años 1959 y 1981 gestionada por la extinta Junta de Energía Nuclear. Trataba mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio con una pureza del 80% al 90%, que, posteriormente, se transportaba en bidones a Francia o Estados Unidos para su utilización en los reactores de las centrales nucleares.La fábrica contó con una plantilla de 126 trabajadores, de los que 55 ya han fallecido (los dos últimos este año), en su mayor parte por patologías asociadas al cáncer.
La asociación de ex trabajadores de la FUA, que reúne a 36 antiguos empleados y 43 viudas e hijos de fallecidos, se reunió ayer para valorar las dos resoluciones recibidas y, como era de esperar, el sentimiento de frustración y decepción fue generalizado. "Otra vez nos ha vuelto a engañar el Gobierno, antes de las elecciones nos prometieron que todo se resolvería y ahora nos dan la espalda", comentaba un desolado José Soto, presidente de la asociación de antiguos empleados.
Soto recordó que desde 1995, los miembros de la asociación se han sometido a cuatro reconocimientos médicos para acreditar la relación causa efecto entre sus enfermedades y su exposición al uranio, el último de ellos el año pasado, tras el protocolo firmado por el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía que intentaba hacer efectivo el mandato del Congreso que, en septiembre de 2005, aprobó, con el apoyo de todos los grupos políticos, una iniciativa para dar respuesta a las pretensiones de estos empleados. El protocolo en cuestión era similar al firmado en la comunidad valenciana en el caso de la hepatitis C. "Desde una perspectiva política, no habrá, y me comprometo a ello, ningún problema en reconocer la gravedad de los hechos y en buscar una solución", dijo el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera.
Pese a ese compromiso, en diciembre del año pasado el ministro señaló que los informes realizados por médicos de la Junta de Andalucía determinaron que "no hay relación causa-efecto" entre sus enfermedades y las radiaciones ionizantes de uranio. "Las decisiones no las toma el ministro, sino los médicos", enfatizó entonces Caldera.
No obstante, Trabajo encargó nuevos informes médicos al hospital Gregorio Marañón de Madrid y al Ciemat, que se han conocido ahora. El primero de ellos determina que "no existe una relación causal" entre la actividad laboral y las enfermedades vinculadas a la exposición al uranio.
En la misma línea aparece la resolución del Ciemat, que se hace eco del informe realizado en septiembre de 2007 por los doctores Gervás Camacho, ex director del Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa, y Moyá Pueyo, catedrático y académico de la Academia Nacional de Medicina. "No se han sobrepasado las dosis de exposición radiológica establecidas por la normativa legal en el periodo estudiado", se indica, para añadir que "la incidencia de los tumores de pulmón que en la muestra presentada (72 trabajadores) puede parecer significativa no ha sido confirmada por los adecuados estudios técnicos sanitarios".
También se alude a un informe presentado por los trabajadores en sus alegaciones, del ingeniero técnico en Química Industrial y técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Contreras Vázquez, donde sí se concluye en la relación de causalidad, pero donde se expone que no consta documentación acreditativa del citado estudio.
El Ciemat hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo para dirimir entre daños continuados y daños permanentes, y concluye que en este caso se trata de daños permanentes, es decir, aquéllos en los que el acto generador de los mismos se agosta en un momento concreto, aún cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo.
De esta manera, teniendo en cuenta que la FUA se clausuró en 1981, "no hay duda de que fue entonces cuando cesaron los presuntos actos lesivos, aunque pudieran prolongarse en el tiempo las consecuencias", se indica. Por tanto, añade la resolución del Ciemat, la prescripción para la reclamación de la indemnización reclamatoria "ya se habría producido". Y, más adelante, dictamina que "no se aprecia ni se ha acreditado que por parte de los responsables de la FUA se incumplieran en su día reglas preventivas o de control destinadas a garantizar la salud de los trabajadores".
Los ex trabajadores irán a los juzgados
Los ex trabajadores y viudas de antiguos empleados ya fallecidos se resisten a tirar la toalla definitivamente después de tantos años de lucha. De momento, su abogado, Manuel Ángel Vázquez Prieto, ha anunciado que recurrirán la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que no reconoce la enfermedad profesional y, si es preciso, elevarán el caso hasta un Juzgado de lo Social.
"No se trata de un tema económico, aunque somos conscientes de que nuestras pensiones se verían sensiblemente revalorizadas, sino que queremos que se haga justicia de una vez por todas", asegura José Soto, presidente del colectivo de antiguos empleados de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA).
De igual manera, la asociación de ex trabajadores recurrirá en reposición la resolución del Ciemat, como última vía antes de acudir a la Audiencia Nacional, opción que alargaría el contencioso en exceso. "La mayoría de los afectados ya no tienen fuerzas para seguir adelante, piensan que se morirían antes de que se agoten todas las vías judiciales", subraya José Soto, que demanda de los partidos políticos y los sindicatos un apoyo expreso a sus reivindicaciones para recuperar el consenso del Congreso del año 2005. "Ahora más que nunca les pido que se mojen, porque cuando hay elecciones es fácil hacerlo".
José Soto, que trabajó durante casi 22 años en la FUA, tiene claro que nadie les advirtió del peligro que corrían por el contacto con el uranio. "¿Por qué se gastaron 18 millones de euros en enterrar toda la maquinaria de la fábrica porque decían que estaba contaminada, entonces también habría contaminación para nosotros?", se pregunta Soto.
Este periódico no pudo ayer recabar la opinión de ningún representante de los dos ministerios implicados en estas dos resoluciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2008