El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha asegurado hoy que la Junta de Andalucía "no comparte" la decisión del Gobierno central de no reconocer como enfermedad laboral las patologías de los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), en Jaén. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) ha desestimado, por haber prescrito, la reclamación patrimonial de la asociación de ex trabajadores de la FUA, según informa hoy este diario informa en su edición impresa.
Zarrías ha proclamado hoy en Jaén que la Junta "al lado de los trabajadores" y que, aunque él no habla como científico, los informes médicos que elaboró el Servicio Andaluz de Salud (SAS) daban "margen para que la resolución definitiva no sea la que ha sido".
El vicepresidente ha asegurado que están trabajando en este problema pero que no quieren "crear falsas expectativas" ya que tiene "difícil solución", pues no corresponde a la Junta, sino a organismos dependientes del Gobierno central.
Resoluciones del Ciemat y el INSS
Las resoluciones emitidas tanto por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) rechazan que las enfermedades que padecen los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) se debieran a la exposición al uranio. Y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha remitido a 78 de los 79 afectados una resolución en la que se dice que sus patologías no tienen origen en la contingencia de enfermedad profesional.
La FUA, donde se trataba mineral de uranio que luego se trasladaba a Estados Unidos o Francia, se clausuró en 1991, después de que estuviera abierta entre 1959 y 1981 y en ella trabajaron 126 personas, de las que 55 ya han fallecido, en su mayoría de enfermedades relacionadas con el cáncer. La asociación de ex trabajadores lleva años luchando para que se reconozcan sus enfermedades como laborales. En este tiempo han recibido apoyos como la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados, en 2005, de una iniciativa para dar respuesta a estos trabajadores, así como la firma de un protocolo entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo ese mismo año.