El PP sigue haciendo equilibrios con su política lingüística para conjugar el "galleguismo" que esgrime ese partido desde su fundación y la creciente demanda del sector urbano que reclama un acercamiento a los postulados que defiende la plataforma Galicia Bilingüe. El miércoles en la votación sobre las propuestas de resolución del debate sobre política general los populares todavía mantuvieron la ambigüedad. Por un lado, se sumaron a una resolución promovida por Bloque y PSdeG para reconstruir la unidad de los partidos sobre política linguística a partir del Plan de Normalización que exige que "como mínimo" la mitad de la enseñanza primaria y secundaria se imparta en gallego.
Pero Feijóo también anunció en la Cámara su intención de derogar el decreto del bipartito que calca el plan aprobado por unanimidad en 2004 con su propio voto.
Ayer, en rueda de prensa, el líder de la oposición no dejó espacio a la duda. Abolirá el decreto, "en una de las primeras medidas nada más llegar a la Xunta" y lo hará de acuerdo con el Estatuto de Autonomía que señala que nadie puede ser discriminado por razón de lengua". Según las tesis del PP, "el decreto del señor Touriño y del señor Quintana discrimina a alumnos padres y profesores", por eso el dirigente popular anunció su intención de "volver el consenso" con un nuevo texto que busque un "bilingüismo cordial y donde tenga una parte muy importante de inglés". El presidente del PP evitó dar más detalles sobre los porcentajes de asignaturas en cada idioma que defenderá su propuesta.
Sí rechazó, sin embargo, que la Administración subvencione con fondos públicos a colegios que segreguen al alumnado en función de su sexo, algo habitual en los colegios del Opus Dei. "Estoy en contra de cualquier segregación ni de niños y niñas y de la segregación lingüística, es la libertad y los principios de la Constitución los que deben inspirar la educación en Galicia", declaró.
Una postura que choca con la filosofía de gobiernos populares como el de Esperanza Aguirre que sí destina cuantiosas ayudas a órdenes religiosas para que gestionen centros privados. Éste ha sido el penúltimo de los desmarques del PP gallego en las últimas horas que, al contrario de lo que hace el partido en el resto de España, también suscribió el miércoles en la Cámara una condena del franquismo. El propio líder eludió ahondar en las diferencias con su formación, pero explicó que la votación del hemiciclo sirvió para "reparar la represión que sufrieron todas las víctimas de la guerra civil".
La decisión de su grupo parlamentario y las explicaciones de Feijóo desataron las iras de los medios conservadores de Madrid que a media tarde de ayer dirigían duras críticas al líder gallego. El propio vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, explicó que su partido se "vio forzado por BNG y PSOE a apoyar una propuesta algo confusa" para condenar la dictadura. González Pons atribuyó la decisión "a la situación parlamentaria de los populares gallegos", reivindicó el centro político y se mostró convencido de que "a estas alturas la condena o no condena [del régimen] quite votos".
El resto de la intervención de Feijóo ante los medios le sirvió para retomar su argumento favorito y el que menos problemas internos le ocasiona en el PP. Culpó al Gobierno de Touriño de "propiciar los parados" cuya contratación se propone ahora "subvencionar" e insistió en reunirse con el presidente y vicepresidente para pactar los Presupuestos del año próximo, que "inevitablemente ejecutará un Gobierno distinto".
Anunció que ayer mismo había enviado sendas cartas al presidente y vicepresidente de la Xunta "no para hacerse una foto", sino para reunirse y abordar "temas cruciales" como la financiación autonómica y el seguimiento de las infraestructuras. "Vivimos momentos excepcionales que requieren soluciones excepcionales", explicó cuando se le preguntó por su intención de pactar las cuentas fuera del Parlamento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de octubre de 2008