La tijera no sólo entrará en las ayudas a las universidades. El vicepresidente regional, Ignacio González, reveló ayer que el Gobierno regional está en conversaciones con "todas las instituciones que reciben financiación regional" para recortar el gasto público. La situación financiera que vive la Comunidad de Madrid (con un endeudamiento superior a los 10.000 millones de euros, según el Banco de España), unida a la crisis económica, exige que el Ejecutivo regional tome medidas de ajuste en los Presupuestos regionales que presentará a final de mes.
Además, el vicepresidente añadió otra justificación: la negativa del Gobierno central a aportar a la región los 418 millones de euros comprometidos para financiar la sanidad. El Ministerio de Economía asegura que ese dinero no se ingresará a través de impuestos, y no puede avanzarlos.
"Afecta a los recursos de los que disponemos", recalcó González sobre los efectos que tiene sobre las finanzas regionales. Además, reprochó al ministro de Economía, Pedro Solbes, que la única alternativa que ha encontrado es permitir que las comunidades aumenten su nivel de endeudamiento hasta un punto del PIB. No reveló si su Ejecutivo hará uso de esta posibilidad, pero tampoco la descartó.
La situación económica, agregó González, ha llevado a la Comunidad a abrir "un proceso de reducción del gasto público" y para ello ha pedido a los organismos autónomos y empresas públicas que reciben ayudas de la Administración regional que hagan "un esfuerzo general de racionalización del gasto", del que sólo excluye a los "servicios sociales". En conversación posterior, González explicó que este esfuerzo se reflejará en los presupuestos. "Estamos pensando en acompañarlo de un plan que nos permita, por ejemplo, alargar los plazos de ejecución de las inversiones", explicó. Por ejemplo, una obra comprometida en cuatro años podría pasar a hacerse en seis.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de octubre de 2008