La Junta está a la espera de estudiar la sentencia para pronunciarse. Su opinión es particularmente destacada ya que Clínicas Pascual se beneficia de un amplio concierto asistencial, que asegura prestación sanitaria directa, también, a los municipios gaditanos de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín. A ellos se suman, otros dos centros concertados en Málaga y Huelva.
La Inspección de Trabajo abrió la pasada primavera un expediente sancionador contra Pascual como resultado de la denuncia de CC OO al entender que la actitud de la compañía podría vulnerar el espíritu de la Ley de Igualdad. La propuesta de sanción de 6.000 euros quedó pendiente de aprobación definitiva por parte de los servicios técnicos de la Consejería de Empleo, que al conocer que el caso había llegado a los tribunales quedó a la espera del fallo para tomar una decisión definitiva. También el Gobierno, a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, criticó en marzo pasado la situación en Clínicas Pascual.
El delegado de empleo en Cádiz, Juan Bouza, explicó ayer que el equipo jurídico de su departamento estudiaba ayer la sentencia y anunció que la Junta expresará una opinión "en los próximos días".
Parlamento andaluz
UGT "lamentó" ayer en su comunicado que la Inspección de Trabajo de Cádiz no hubiera actuado "de manera imparcial en todo este asunto". Por otra parte, Comisiones Obreras ha pedido que el caso se aborde en el seno del Parlamento autónomo, al tratarse de una empresa concertada con el Servicio Andaluz de Salud.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2008