La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias informativas a raíz de la denuncia presentada por la Plataforma 29-M, creada en defensa de la legalidad y contra la corrupción en Marbella, que denunció ayer que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad malagueña persigue "ningunear" la ejecución de sentencias firmes y es una "amnistía anunciada" para los infractores urbanísticos.
Miembros de esta plataforma, que integran asociaciones de vecinos y otros colectivos perjudicados, se reunieron ayer en Granada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y con el teniente fiscal de la Fiscalía Superior andaluza, Guillermo Sena, a quienes trasladaron su preocupación por el nuevo plan elaborado por el Ayuntamiento marbellí (PP) y la Junta de Andalucía.
Con abundante información acudieron al alto tribunal, donde entregaron en la Fiscalía documentación sobre más de 50 sentencias firmes de Marbella que no se han ejecutado; la dilación indebida, en su opinión, de los procedimientos; y el proceso de restauración de la normalidad urbanística, según explicó la abogada de la plataforma, Inmaculada Gálvez. El representante de la Fiscalía les emplazó a otra reunión en enero.
Por otra parte, El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, ha acordado archivar la causa por la concesión de la licencia urbanística de la casa del actor Antonio Banderas, al considerar que los delitos denunciados están prescritos. Según el auto, la licencia la concedió en 1995, cuando era alcalde Jesús Gil y la denuncia fue interpuesta diez años después por la Fiscalía, que ha pedido recientemente el archivo, informa Efe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2008