La Comisión de Agricultura del Parlamento dio ayer luz verde al dictamen del proyecto de ley de Política Agraria y Alimentaria con polémica. Los socialistas decidieron boicotear el trámite y abandonaron la sala tras denunciar "irregularidades" en la tramitación de las enmiendas. El dictamen salió adelante con los votos favorables de los grupos que integran el Gobierno (PNV, EA y EB) y el PP. Nadie votó en contra ni se ha abstuvo. Los representantes del PSE se fueron, los de EHAK no acudieron al debate y Aralar no tiene presencia en esta comisión.
En la sesión también se rechazó con los votos en contra del PP y del tripartito una enmienda a la totalidad del PSE al proyecto de ley. Se aceptaron varias enmiendas parciales, entre ellas 50 de las que había presentado el PP, grupo que también transaccionó con el tripartito otras 18.
Los parlamentarios socialistas abandonaron la comisión en protesta por las "irregularidades" que, en su opinión, cometió el presidente de la misma, Antonio Arieta-Araunabeña (PNV), en la tramitación de las enmiendas. El grupo socialista precisó que antes del debate de las enmiendas habían presentado un escrito de queja solicitando la desconvocatoria de la comisión al no haber recibido "documentación suficiente en los plazos de tiempo establecidos por el Reglamento de la Cámara".
Sin traducción
Según el PSE, el presidente de la comisión rechazó las alegaciones y decidió continuar con la reunión. El portavoz socialista en materia de Agricultura, José Luis Anda, señaló que es una "falta de respeto" al trabajo parlamentario y al propio sector que se quieran acelerar todos los trámites y se quiera aprobar con calzador y en tiempo récord un texto que cuenta con 123 artículos y al que se han presentado 225 enmiendas.
El PSE aduce que algunas de las enmiendas no estaban traducidas al castellano con 48 horas de antelación como exige el Reglamento y que no se ha constituido una ponencia para debatirlas. PNV y PP negaron estas irregularidades y criticaron la actitud de los socialistas, que achacaron a su falta de voluntad en apoyar esta ley.
Los objetivos estratégicos del proyecto legislativo son, según destaca el Gobierno, la mejora de las estructuras agrarias, orientada a obtener rentas dignas para los agricultores y precios justos para el consumidor. También pretende la creación y el fomento de explotaciones y empresas agrarias y alimentarias viables y sostenibles, y diversificar la producción y comercialización de productos agrarios seguros y de calidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2008