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El juez Baltasar Garzón / LUIS SEVILLANO
El presidente valenciano, Francisco Camps; el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, pueden no ser los únicos cargos públicos implicados en la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones gobernadas por el PP que han aparecido en la investigación que dirige Baltasar Garzón.
El alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, ha destituido a dos cargos municipales cuyos nombres aparecen en la causa de la presunta trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón. Se trata de un director de área de la Empresa Municipal de la Vivienda y un asesor de un concejal de un distrito de Madrid.
No ha cometido ningún delito pero las irregularidades administrativas, torpezas y gestos imprudentes del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, motivarán su casi seguro relevo en la primera remodelación que efectúe el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
Un año después de la fratricida escisión del PNV, que alumbró el nacimiento de Eusko Alkartasuna (EA) por obra y gracia del ex lehendakari Carlos Garaikoetxea, sentenció: "Nuestra ruptura sólo ha sido beneficiosa para los que en Euskadi son portadores de la bandera del nacionalismo español".
A falta de polémicas sobre propuestas, que apenas han aparecido aún, la campaña gallega vivió ayer un ligero subidón de intensidad mientras los dos grandes partidos se echaban a la cabeza sus respectivos excesos.
La policía francesa detuvo anoche a Iurgi Mendinueta Mintegi, alias Aitor, uno de los etarras más buscados, según adelantó Onda Cero. La detención se produjo al norte de Burdeos.
Una buena relación. Eso es lo que espera tener con España la nueva Administración estadounidense, tras una etapa glacial con el ya ex presidente George Bush. Desde que asumió el poder, Barack Obama ha tenido gestos de acercamiento hacia España para recomponer la colaboración bilateral deteriorada a raíz de la retirada de las tropas españolas de Irak.
El masivo encargo de dictámenes externos del Gobierno catalán en 2007 oculta algo más que los estudios de dudosa utilidad que ya investiga la Fiscalía. El Ejecutivo de José Montilla pagó entre los 800 y los 12.000 euros a personas que en teoría elaboraban informes puntuales, pero que en realidad ejercían como asesores del Gobierno de forma más continuada.
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