El espionaje en la Comunidad de Madrid
El PP de Esperanza Aguirre culminó ayer su anunciado golpe de mano y decretó el cierre anticipado de la comisión de investigación sobre la existencia de una trama de espionaje político en Madrid; pero antes tuvo tiempo para deslizar un mandoble nuevo, e inesperado: el consejero de Interior del Gobierno regional, Francisco Granados (PP), acusó a Alfredo Prada de mentir y dar aire con su mentira a un supuesto montaje contra Aguirre.
EL PAÍS | Madrid
Granados y los diputados populares deslizan en la comisión múltiples falsedades
El futuro Gobierno de Euskadi
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del Partido Popular, Mariano Rajoy, dejarán al País Vasco al margen de su enfrentamiento en la política nacional. Ambos respetarán la autonomía del candidato socialista a lehendakari, Patxi López, y del máximo representante del PP vasco, Antonio Basagoiti, para decidir las condiciones de la alianza entre ellos, si llegan a un acuerdo.
Hace apenas tres meses, el PNV sacó al Gobierno del apuro de la aprobación de los Presupuestos y ahora cuestiona en el Congreso su honestidad y hace lo posible para dejar clara su distancia. Todo porque los socialistas están a punto de desalojarlo del Gobierno del País Vasco. Ayer se inauguró la etapa de hostilidades del PNV contra el Gobierno.
Con el carpetazo definitivo que Esperanza Aguirre ha dado a la comisión de los espías, sin escuchar siquiera a los espiados, todos los ojos del Partido Popular están puestos ahora en ver cómo reacciona Mariano Rajoy. Pero el presidente del PP quiere pasar página cuanto antes y aprovechar el momento de aparente unidad interna que se vive por la amenaza del caso Gürtel.
"El tiempo apremia. Cada día que pasa desaparece un descendiente de alguna víctima de la Guerra Civil. A los que siguen con vida debemos devolverles los restos de sus seres queridos para que puedan morir en paz". El senador Pere Sampol (Bloc per Mallorca) arrancó su presentación de una propuesta de reforma de la Ley de Memoria para que el Estado asuma la exhumación de fosas franquistas, apelando a "la humanidad y la compasión" de sus colegas.
El recuerdo era lo único que podía unir ayer a las víctimas y a los cargos públicos. Pero ni siquiera en eso coincidieron. Los homenajes a los 192 muertos y más de 1.800 heridos en el quinto aniversario del 11-M fueron dispersos. Las instituciones fueron por un lado y las víctimas y los sindicatos, por otro.
