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El general Navarro / G. LEJARCEJI
Sólo diez números de la madrileña calle de Génova separan la Audiencia Nacional de la sede del PP. A la primera acudieron, a media mañana de ayer, el general Vicente Navarro, que acaba de cumplir 68 años; el comandante José Ramón Ramírez, de 46, y el hoy comandante (capitán en 2003) Miguel Ángel Sáez, de 44.
Casi cuatro meses estuvo Federico Trillo esquivando a los periodistas para evitar responder a ninguna pregunta sobre el Yak-42. Hasta el punto de que el PP se ha quedado prácticamente sin portavoz de Justicia, su cargo en el partido, ya que el veterano diputado no puede hablar en ningún sitio para evitar que los periodistas quieran saber si va a asumir responsabilidades políticas.
"Estoy insultantemente feliz. ¡Por fin se demuestra que no estábamos locos!", explicó Belén, hermana de Mario González, teniente fallecido en el Yak-42, tras conocer la sentencia. Lo de locos lo dice porque eso fue lo que les respondió el Ministerio de Defensa cuando le plantearon que no estaban seguros de que el cuerpo que les habían entregado era el de su marido, su padre, su hermano.
El PSOE salvó ayer la segunda parte del debate del estado de la nación al aligerar de compromisos las resoluciones que contienen las medidas económicas estrella anunciadas el pasado martes por José Luis Rodríguez Zapatero. La ausencia de concreción ha sido la contrapartida que el PSOE ha tenido que pagar para ver aprobadas sus 15 resoluciones.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa Special Events, pieza clave de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa, la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros.
De pronto, los trajes que supuestamente Orange Market pagó a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret pasaron a segundo plano.
El Gobierno de Patxi López tendrá que pagar las ayudas que el anterior Ejecutivo tripartito estableció para sufragar los viajes de los familiares de los presos de ETA, mientras que el Tribunal Superior de Justicia vasco no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
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