No es precisamente una de sus aliadas en el partido, pero ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salió públicamente a aplaudir la decisión de Esperanza Aguirre de expulsar del grupo parlamentario a los tres diputados, todos de su máxima confianza, imputados por el juez en la trama Gürtel. "Lo mejor", dijo Feijóo en una entrevista en la Cadena SER, "es que mientras no se aclaren estas cosas, esas personas tengan una baja en las responsabilidades de un partido que no está de acuerdo en que haya gente que utiliza la política para mejorar su situación económica".
El mensaje dirigido a Madrid busca otros destinatarios en Valencia y en la sede del PP nacional en la calle Génova. Feijóo, uno de los barones regionales que más influye en Rajoy, siempre ha sido partidario de cortar cabezas y de adoptar medidas ejemplarizantes para borrar cualquier signo de complicidad con la corrupción y taponar la sangría de credibilidad que amenaza al partido . Para evitar verse salpicado por la trama corrupta, el propio Feijóo desveló ayer, que uno de los cerebros de la red de Correa, Pablo Crespo, presentó su renuncia como vocal de Portos de Galicia en 2003, justo después de que el actual presidente de la Xunta asumiera la Consellería de Política Territorial. "Dimitió a los pocos días de llegar yo y no volvió a participar en el consejo de administración", insistió. Es una verdad a medias. Lo cierto es que la carta con su renuncia no fue tenida en cuenta hasta tres años después con la llegada del bipartito a la Xunta. Fuentes cercanas a Feijóo aseguran que Crespo no participó en ninguna reunión de este organismo y ponen a disposición las actas del consejo de adminsitración.
"Es mejor dar de baja a quien usa la política para mejorar su economía"
Portos pone sus actas como prueba de que Crespo no acudió a reuniones
MÁS INFORMACIÓN
El líder del PSdeG, Manuel Vázquez, acusó, no obstante, al jefe del Ejecutivo de mentir. Vázquez volvió a reclamar ayer que la fiscalía abra una investigación de oficio y los juzgados una pieza separada para estudiar las ramificaciones de Gürtel en Galicia. De hecho, los socialistas ya han presentado una batería de preguntas en las diputaciones de Pontevedra y Ourense para que expliquen si contrataron con alguna de las sociedades de Correa y Crespo.
La ofensiva del PSOE no inquietó al presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, quien dijo sentirse "tranquilo" porque, según explicó, hay "cero posibilidades" de que su institución o el partido se vea afectada por este caso de corrupción masiva que sacude al PP. Poco después de escuchar a su jefe de filas, Louzán, se apuntó a su discurso sobre las responsabilidades depuradas en Madrid. "Me parece lo más razonable porque se mantiene la imagen de que el PP es un partido honesto", valoró la decisión de Aguirre.
La doctrina política que Feijóo y Louzán abrazan ahora, acorralados por la presión de la opinión pública, está lejos de la que uno y otro han aplicado en Galicia estos últimos años. La dirección regional del PP y también la de Pontevedra siempre han reclamado esperar al último pronunciamiento judicial antes de adoptar medidas disciplinarias. Sucedió en el caso del alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, ratificado como candidato en las últimas elecciones donde encabezó la lista más votada, pese a estar imputado por cinco graves delitos relacionados con el trato desde el ayuntamiento a sus propias inmobiliarias. Cuando la oposición pidió su cese, Louzán primero y Feijóo apelaron a "la presunción de inocencia". Entretanto, Fernández Rocha sigue acumulando reveses judiciales.
Como el teniente alcalde de Gondomar, Carlos Silva, condenado por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Mientras los tribunales resuelve su recurso, Louzán lo ha consolado con un sueldo por dedicación exclusiva en la Diputación pontevedresa de 60.000 euros al año. El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, que sigue en su puesto, también está imputado por un juez, que persigue un doble delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
La sentencia firme en la sala de lo social contra la directora general de Traballo, Ana María Díaz López, por despido improcedente, tampoco mereció de momento ninguna respuesta del jefe del Ejecutivo, que alega que es fruto de un error.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de octubre de 2009