El desenlace de la estrategia de blindar las normas fiscales de las Juntas Generales para que sean enjuiciadas por el Tribunal Constitucional y no por los tribunales ordinarios, como sucede hasta ahora, se halla todavía lejos de resolverse. Y ello incluso en el caso de que prospere el próximo martes en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Parlamento vasco para que se reforme con ese propósito las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
El presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, anunció ayer que, si se lleva adelante esa modificación, la recurrirá al propio Tribunal Constitucional. Las instituciones riojanas han sido las que han mantenido una actitud más sobresaliente contra las normas vascas que introducen en el Impuesto de Sociedades ventajas tributarias para las empresas no previstas en la legislación estatal. Y ha conseguido que los tribunales anulen varias de ellas, como las vacaciones fiscales de los noventa o el tipo diferencial del impuesto. Si se elevara al Constitucional el control de legalidad de las normas forales, el Gobierno riojano no podría impugnarlas, ya que las comunidades autónomas sólo pueden presentar recurso de inconstitucionalidad contra las leyes del Estado que afecten a su ámbito de competencia.
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Por ello, Sanz precisó ayer que ha encargado a los servicios jurídicos de su Gobierno que preparen un recurso contra el blindaje, de modo que, si se aprueba al final en las Cortes, el propio Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma de su ley para dar cobijo a las normas de las Juntas Generales. Algunos expertos ya han advertido de que esa pretensión podría chocar con la propia Constitución, que reserva el rango de ley a las normas que aprueban las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos. Sanz afirmó que el blindaje "es un chantaje, porque "cuando alguien no va a infringir la ley, no tiene porqué blindarse".
El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, le replicó después que "no tiene sentido" anunciar que recurrirá "el blindaje" cuando lo que se pretende es sólo equiparar las normas fiscales de Euskadi a las del resto de comunidades autónomas.
Las presiones de sus correligionarios de La Rioja, Castilla y León y, a su vera, pero en menor medida, Cantabria, se encuentran detrás de las reticencias del PP nacional a respaldar en el Congreso la iniciativa para blindar el Concierto.
La decisión final, que todavía no está tomada, según destacan fuentes populares, la adoptarán Mariano Rajoy y su número dos, María Dolores de Cospedal, previsiblemente este mismo fin de semana. La decisión del PSOE, favorable en este caso, estaría ya decidida, cumpliendo así la condición básica impuesta por el PNV para entrar a negociar su apoyo a los Presupuestos Generales.
El PP vasco, que también está haciendo jugar toda su capacidad de influencia en Génova, admite que es "muy difícil" que su partido respalde la proposición presentada por el Parlamento vasco con su apoyo, pero aprecia "alguna posibilidad" de que puedan compaginarse la "coherencia" de los populares en Euskadi en defensa del Concierto con una posición contraria al "chantaje" presupuestario del PNV. "Hace dos semanas no estábamos ni en eso", apunta un destacado dirigente vasco. Tras la reunión que el pasado martes mantuvo Rajoy en Vitoria con la cúpula de los populares vascos se abrió la vía de la abstención frente al no.
El PP de Euskadi reunió ayer tarde en Vitoria a su comité ejecutivo para analizar el debate sobre el blindaje y las posiciones que está manteniendo el partido. En la reunión tomaron la palabra casi todos sus miembros y la coincidencia fue total en respaldar "por completo" la política que está siguiendo su presidente, Antonio Basagoiti. "Éste es un tema prioritario para nosotros por coherencia política en los últimos treinta años y hay que seguir haciendo un esfuerzo", coinciden tres de los dirigentes que tomaron parte en la reunión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de octubre de 2009