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El coche de la vicepresidenta de la Diputación de Lugo
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, volvió ayer a la carga en el caso que ha abierto por supuestas corruptelas en administraciones locales de la provincia. Una semana después de coordinar la espectacular actuación policial de Castro de Rei, ayer le tocó el turno a la Diputación de Lugo.
El asunto de la fusión de las cajas se ha convertido ya en una lucha entre el norte y el sur. Desde que los empresarios de las provincias de Pontevedra y Ourense se manifestaran a favor de mantener el mapa actual, la conciliación de intereses dentro de los partidos y en la propia Xunta se ha convertido en una tarea delicada, ante el riesgo palmario de un enfrentamiento territorial sin precedentes.
La complicada situación financiera del hospital del Centro Gallego de Buenos Aires ha llevado a la Xunta a proponer que una empresa privada se haga cargo de las instalaciones y dé la asistencia sanitaria a los 4.000 gallegos que son socios de esta institución.
Es la causa más antigua que se instruye en los juzgados de Vilagarcía, después de ocho años de diligencias previas. Pero la Fiscalía de Pontevedra tiene previsto cerrar, sin más dilaciones, el proceso por contrabando de tabaco que costó el cese al entonces alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral, Nené, tras ser detenido junto a otras 17 personas.
Limpiar senderos, iluminar caminos, asfaltar viales, vaciar las fosas sépticas, mejorar el alcantarillado, construir más parques, paseos y jardines, remplazar el mobiliario urbano, habilitar locales, plazas o implementar los servicios sociales. Así, hasta un millar de propuestas y sugerencias para humanizar la ciudad con más ideas que dinero para llevarlas a cabo.
Las ocho fábricas del pueblo no pueden competir con los féretros foráneos a 75 euros
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