El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque, solicitó ayer al Parlamento que autorice a través de las reformas legislativas que sean necesarias la contratación externa de informes de fiscalización sobre diversos aspectos de las cuentas públicas. Churiaque, quien acudió a la Cámara a presentar el informe de gastos de la comunidad autónoma de 2006, justificó su petición ante la imposibilidad de cumplir los encargos del Parlamento de manera rápida y eficaz con los medios de que dispone.
Para ilustrar su posición puso como ejemplo lo absurdo de su propia comparecencia. "Ese presupuesto se gastó en 2006, el tribunal empezó a auditarlo en 2007, el informe provisional se puso en circulación en 2008 y lo tenemos cerrado y podemos presentarlo en 2009", resumió. En 2006 había un Gobierno diferente del actual, luego no hay nadie que pueda corregir las recomendaciones que incluye el informe. "Así no se cumple con la función" del tribunal, explicó.
El PNV replica que la fiscalización externa no puede sustituir al tribunal
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Churiaque, quien fue nombrado presidente del máximo organismo auditor vasco en julio pasado, precisó que habría que reorientar una parte del trabajo de la entidad, identificando primero y externalizando después las auditorías respecto a lo que denominó "áreas de riesgo" en las administraciones públicas. En ese momento puso como ejemplo los convenios urbanísticos, recalificaciones de terrenos o ciertas áreas de gestión, compras y ventas de la empresas y sociedades públicas. "Lo que en el ámbito privado es inconcebible, es decir, que una empresa de seis millones de euros no tenga su auditoría, nos parece normal en el sector público, con presupuestos de 500 millones", criticó. En su opinión "no es lógico que los 18 mayores ayuntamientos vascos lleven varios años sin control del tribunal".
Churiaque está considerado como uno de los principales expertos españoles en materia de contabilidad, ha participado en varias comisiones encargadas de analizar las reformas de la legislación contable y ha trabajado también de forma habitual como perito judicial.
Para el portavoz del PNV en la Comisión de Economía, Ricargo Gatxagaetxeberria, "la propuesta es una aportación académica interesante, pero poco más ya que para aplicarla habría que modificar varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal del Cuentas".
Para el PNV las auditorías externas no pueden sustituir al trabajo del Tribunal bajo ningún concepto "porque estaría contraviniendo un mandato constitucional".
La propuesta del presidente del órgano fiscalizador va más allá del modelo de externalizaciones que ya utilizan ahora excepcionalmente. El tribunal contrata trabajos a empresas externas cuyos datos luego procesa y presenta como suyos. Ahora se trataría de realizar informes totalmente externos que podrían ser financiados, o bien con fondos del propio tribunal, o de los organismos fiscalizados, léase ayuntamientos o sociedades públicas.
El PP se mostró partidario de acometer la citada reforma legislativa. "Se trata de ser efectivo, y si el tribunal se garantiza el control y el ritmo de los encargos, además de la solvencia de los auditores, no hay ningún problema, Todo son ventajas", explicó el portavoz popular, Anton Damborenea.
Por otra parte, el tribunal ha solicitado la incorporación de tres nuevos auditores y ha acelerado el ritmo de trabajo al pasar de cuatro plenos al año a uno cada veinte días, además de reorganizar las áreas internas para tener más recursos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de noviembre de 2009