La fusión de Unicaja y Cajasur vivió ayer otro sobresalto provocado esta vez por Aspromonte, el sindicato mayoritario de la entidad cordobesa. En una circular interna, esta organización convoca a "toda la sociedad cordobesa" a crear "toda la alarma necesaria" en defensa de las actuales condiciones laborales en Cajasur ya que, de lo contrario, los trabajadores estarán "siempre con la incertidumbre del tiro en la nuca".
Dada la vinculación de Aspromonte con la actual dirección de Cajasur, controlada por la Iglesia católica, algunos aseguraron que el comunicado no hubiera salido "sin permiso de la autoridad competente", aunque otros afirmaron que el presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, cada vez tiene mayores dificultades para hacerse con el control de todo lo que se cuece en la caja. Hoy está previsto un consejo de administración ordinario de esta caja.
La vicepresidenta Salgado niega que la negociación esté "estancada"
Las dos entidades continuaron ayer con el apagón informativo acerca de la reunión celebrada el lunes en la sede malagueña de Unicaja. En la cita, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y Gómez Sierra acordaron aprobar este mes el plan estratégico de la futura Unicajasur que detallará, entre otros aspectos, cuántas oficinas hay que cerrar y cómo afectará al empleo. Se sabe que en el plan de actuación presentado por Cajasur al Banco de España el pasado 19 de mayo -antes del protocolo de fusión-, la entidad cordobesa se comprometía a cerrar en dos años 54 oficinas y a hacer un ajuste laboral en el 10% de su plantilla (unos 300 trabajadores). Este documento fue aprobado por Aspromonte, que ayer en su comunicado desvelaba que en el "borrador del acuerdo" de Cajasur con Caja Murcia existían cláusulas más ventajosas para el excedente de plantilla. Esta es la primera vez que desde la caja cordobesa se reconoce que había un documento sobre la unión con la entidad murciana.
Una vez que el plan de negocio de Unicajasur esté encima de la mesa será cuando se creen las mesas de negociación con los representantes para abordar el plan laboral. Todo lo contrario persigue Aspromonte, que en su comunicado titulado "Humillación o intervención" llama a "dar la cara" por el empleo en Cajasur a "curas y célibes; sindicatos de uno u otro color; partidos de cualquier signo; directivos 'institucionales' o 'profesionales' y toda la sociedad cordobesa".
Comisiones Obreras lamentó ayer que se esté "usando a empleados de Cajasur como arma arrojadiza" en el proceso de fusión, "incluso estando dispuestos a la intervención del Banco de España para defender los privilegios y las cuotas de poder de unos pocos", afirmó el secretario general de Comfia, Íñigo Vicente.
Entre las numerosas declaraciones que se produjeron ayer sobre el proceso de fusión destacó la del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, quien se ofreció como mediador. Asenjo, que como obispo de Córdoba patrocinó la salida de Miguel Castillejo de la presidencia de Cajasur, dijo estar "dispuesto a colaborar" para hacer posible la fusión que, según él, se encuentra en un "impasse". En fuentes del sector financiero el ofrecimiento causó cierta extrañeza: "Esto es un proyecto empresarial, es decir, entre empresas".
Por el contrario, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, negó desde Bruselas que la negociación entre las dos cajas andaluzas "esté estancada" y destacó el trabajo realizado por la Junta para que la unión "avance", en alusión a la reforma de la ley de cajas de ahorro. Precisamente, hoy está previsto que el Parlamento convalide el decreto ley de reforma.
Sociedad para la inversión privada
El Consejo de Gobierno ha autorizado ayer la creación de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, SA (Sogefinpa), que impulsará la colaboración público-privada en las inversiones de la Junta y gestionará y explotará los bienes y derechos del patrimonio de la comunidad. La nueva sociedad mercantil del sector público andaluz estará adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda y dependerá directamente de la Secretaría General de Hacienda, que es el órgano responsable de coordinar los proyectos de inversión del Gobierno andaluz mediante la colaboración público-privada.
Esta nueva fórmula, avalada por la Comisión Europea y ya utilizada en otras comunidades autónomas, permitirá, según el Gobierno, servirará para financiar proyectos de carácter estratégico que serían inviables de otra forma. A través de ella, entre 2010 y 2020, en Andalucía se movilizarán recursos por una cuantía superior a los 6.000 millones de euros. Como encargada de canalizar esta colaboración, Sogefinpa contará con la autonomía, especialización, flexibilidad y capacidad de financiación necesarias para actuar. Por medio de Sogefinpa, la Junta complementará su actual estructura administrativa con un instrumento "más ágil y especializado", similar al que ya tienen tanto la Administración central como algunas comunidades autónomas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009