LENGUAJE PÚBLICO. El Consejo de Gobierno acordó iniciar ayer la tramitación del anteproyecto de la ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española. La Junta, las diputaciones y los ayuntamientos deberán garantizar intérpretes en lengua de signos a los 44.443 andaluces que tienen discapacidad auditiva y sordoceguera en servicios públicos como la administración, educación, salud o transporte.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009