El Gobierno catalán todavía no las ha concretado y algunas son meras declaraciones de intenciones, pero las medidas anticorrupción que el Ejecutivo de José Montilla está preparando ya han chocado con los recelos de Convergència i Unió y de sus alcaldes. La federación nacionalista lamentó ayer que las medidas de la Generalitat, centradas en dar más transparencia a las recalificaciones urbanísticas y a la financiación de las fundaciones políticas, no tengan efectos también para el Gobierno catalán. "Parece que la corrupción esté sólo en los ayuntamientos", lamentó ayer Salvador Esteve, presidente de la Asociación Catalana de Municipios, con mayoría de alcaldes de Convergència i Unió. El número dos de Convergència, Felip Puig, también lamentó que el Gobierno catalán quiera limitar las donaciones de empresas y entidades subvencionadas a las fundaciones de los partidos políticos. "Me parece una limitación que va en la línea contraria de lo que pasa hoy en Europa. En este sentido, la encuentro absurda, sinceramente", dijo Puig.
CiU entiende que la modificación de la Ley de Fundaciones y Patronatos se hará para perjudicar a la fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, y a la Coll i Alentorn, vinculada a Unió. Ambas han recibido donaciones millonarias opacas procedentes de particulares y empresas. En el caso de la Trias Fargas, también se financió con donaciones del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, que las vehiculó de forma irregular a través del Orfeó Català. La donación de Millet a la fundación de Convergència ascendió a 630.000 euros, cantidad que el partido estudia ahora devolver.
Empuje a la ley electoral
En cambio, la Federación de Municipios de Cataluña, tradicionalmente más próxima al PSC, aplaudió ayer las medidas. Su presidente y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, aseguró que las medidas son "muy positivas" para reforzar la idea de que "la inmensa mayoría de alcaldes y concejales de Cataluña trabajan de forma honrada y entregados a su municipio".
Más allá de las medidas estrictamente enfocadas a los ayuntamientos, el Gobierno catalán también entiende que ahora podría ser un buen momento para abordar la redacción de la ley electoral de Cataluña, pendiente desde 1979. El presidente de la Generalitat, José Montilla, dará hoy la orden a sus diputados en el Parlament de que se pongan en marcha para intentar un acuerdo con CiU, muy difícil porque cualquier modificación del actual reglamento pasaría por dejar de primar el peso electoral de las zonas rurales de Cataluña, los principales bastiones nacionalistas.Si no se consigue un acuerdo sobre el peso de cada circunscripción, Montilla es partidario de hacer una primera ley que, como mínimo, sirva para limitar el gasto electoral de los partidos. Ayer esta medida fue abordada en el Consell Executiu, así como algunas concreciones del plan anticorrupción del Ejecutivo.
El Gobierno catalán ultima la puesta en marcha de un registro de todos los informes que encarguen los departamentos. El listado tendrá como finalidad controlar estos encargos después de que una reciente auditoría haya revelado que el 16% de los informes encargados en 2007 a asesores externos a la Generalitat presentan irregularidades. Ese año se encargaron 2.961 informes. La auditoría detectó informes superfluos por valor de, al menos, 729.000 euros. La propia Generalitat admitió errores y la oposición salió en tromba a criticar la política de encargo de informes, pero no hubo más consecuencias. El listado de estudios, en la línea de lo que pedía el interventor en la auditoría, incluirá, para cada uno de ellos el título, quién lo encarga, quién lo realiza, cuánto cuesta y para qué se hace. Estos datos serán públicos, aunque por ahora no está previsto que los ciudadanos puedan acceder al contenido concreto de cada estudio.
El diseño de este registro está tan avanzado que, en teoría, debía aprobarse en el Consell Executiu de ayer. Pero a última hora el consejero Castells prefirió no mezclarlo con la batería de medidas anticorrupción y posponer su presentación, lo que cogió con el paso cambiado al Gobierno e incluso obligó a cambiar el encargado de realizar la conferencia de prensa semanal. En lugar de Antoni Castells compareció Joaquim Nadal, quien sí presentó los planes de su departamento contra la corrupción.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009