Máximo Ortiz Barberà sufrió un accidente laboral el 3 de junio de 2002. Estuvo ingresado cinco meses en varios centros médicos de Amposta y Tortosa, y en ese tiempo sufrió una infección a causa de una mala praxis médica. En febrero de 2003, a causa de los dolores insoportables que sufría, volvió al hospital, pero esta vez al Instituto Guttmann de Barcelona, de donde salió postrado de por vida en silla de ruedas y con graves lesiones neurológicas derivadas de la infección sufrida meses atrás.
En febrero de 2006 Ortiz presentó una demanda por responsabilidad patrimonial de la Generalitat a causa de las deficiencias del sistema sanitario. Han pasado ya casi cuatro años y ni hay sentencia del caso ni se sabe cuándo se producirá, porque los jueces todavía no han fijado fecha para deliberación y fallo. Sea cual sea la sentencia, Máximo Ortiz no la conocerá nunca. Falleció el 27 de enero de 2007 esperando justicia.
Los únicos ingresos de la viuda son una ínfima pensión de 421 euros
El ICS no contestó a la reclamación previa, pese a tener un informe oficial
El caso es uno de los miles y miles que acumula la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En concreto, las cuatro secciones en las que se divide la sala tenían pendientes de resolver 15.315 asuntos al iniciarse este año; 3.900 de esas demandas corresponden a la Sección Cuarta, que es la encargada de resolver la demanda de Máximo Ortiz. El atasco en esa jurisdicción se arrastra desde hace tiempo sin que parezca que haya demasiado interés de los poderes públicos en que se solucione. Probablemente, algo tendrá que ver que esa jurisdicción es la que resuelve las demandas contra actos o acuerdos de las diferentes administraciones. Y cada año entran más asuntos. En 2008 fueron 9.594, el 38% más que en 2007.
"Después de todo el sufrimiento y la agonía que hemos pasado la familia, no es justo que tengamos que seguir esperando tanto tiempo", explica Anna Maria Jordà, la viuda, de 59 años. "A mi marido le amputaron una pierna, perdió la vista por la gran cantidad de medicamentos que tomó y acabó con atrofia muscular de no moverse. ¡Fue un calvario!", explica la mujer.
Máximo Ortiz, pintor de profesión, ingresó en el hospital Verge de la Cinta de Tortosa el 3 de junio de 2002 con fractura de pelvis, fémur y peroné, tras caerse de un andamio en el interior de una vivienda. "Se hizo mucho daño, pero de eso no se muere nadie. Era cuestión de tener paciencia", explica Anna Maria Jordà. A los pocos días se le tuvieron que cambiar los catéteres intravenosos al producirse un edema y empezó a sufrir fiebres y vómitos. Días después se analizó la punta de uno de ellos y se descubrió la presencia de una bacteria que acabaría siendo mortal: el Staphylococcus epidermidis.
El 24 de julio de 2002 fue trasladado al hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa y allí se le dio el alta el 15 de noviembre para acudir a consultas externas. Para entonces los dolores lumbares se hacían insoportables, no se aguantaba de pie y vomitaba todo lo que ingería. El 25 del mismo mes regresó al hospital Verge de la Cinta y se le diagnosticó una lesión neurológica a causa del proceso infeccioso. La bacteria había afectado al sistema medular y fue intervenido de urgencias. Se le diagnosticó paraplejia por compresión muscular y amitrofia en las extremidades superiores. Salió de ese hospital el 4 de febrero de 2003 e ingresó en el Instituto Guttmann. Allí permaneció un año, hasta que regresó a su vivienda postrado en silla de ruedas de por vida.
La familia necesitó reformar la vivienda y un vehículo para adaptarse a la nueva vida. El gasto que tuvieron que afrontar fue de 27.864 euros, según se expone en la demanda. La Administración les ha devuelto 10.299. La viuda subsiste ahora con la ínfima pensión de viudedad que le quedó, pues el fallecido era autónomo. Empezaron siendo 350 euros mensuales y ahora son 421.
Antes de iniciarse la vía judicial ha de presentarse un recurso ante la propia administración demandada. Casi siempre se desestima y entonces se puede acudir a los tribunales. En este caso, el Instituto Catalán de la Salud ni siquiera contestó, a pesar de que el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas le remitió en abril de 2005 un informe en el que se reconoce la infección hospitalaria.
"Resulta una burla para el ciudadano democrático y es más propio del súbdito del Antiguo Régimen el mantener la falacia de mantener la vía administrativa previa. No sirve para nada, salvo para darle más tiempo a la Administración para que prepare las pruebas del proceso", explica Rafael Núñez, el abogado que ha redactado la demanda.
La viuda considera que "algunos casos como éste deberían resolverse con más rapidez, porque con otros asuntos la justicia sí es rápida". El abogado admite sin reparos que no puede dar a la clienta una explicación razonable sobre la tardanza y asegura que "a los políticos, gestores y opositores se les debería caer la cara de vergüenza por permitir el estado en que está la jurisdicción contencioso-administrativa, un pilar básico del sistema judicial".
La demanda incorpora un dictamen pericial de la doctora Luisa Bernad Pérez, de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Zaragoza, en el que explica que "no hay ninguna duda de que las lesiones neurológicas" que sufrió el hombre fueron "consecuencia directa" de una infección nosocomial (la que desarrolla un paciente que no la sufría ni la estaba incubando al ser hospitalizado). El dictamen plantea varias causas sobre el origen: la infección de algún catéter, la falta de limpieza y asepsia de las heridas sufridas, o una infección de orina, porque no se sabe si se le hizo cultivo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009