Será en los juzgados, y no en el Parlamento, donde se investigará el sobreprecio de un millón de euros en la compra de la sede de una fundación del Sergas por la Xunta de Fraga, y su relación con la adquisición del local del PP en el mismo edificio, en las mismas fechas y al mismo promotor, también por un millón de euros. El Grupo Popular impuso ayer su mayoría para rechazar la creación de una comisión de investigación que apoyaron PSdeG y BNG, apelando entre otros argumentos a una auditoría encargada por el Gobierno bipartito que, en 2006, no encontró causa de nulidad en el contrato del Sergas. El mismo informe revela, en las primeras líneas de sus conclusiones, los "errores, deficiencias e irregularidades" de la operación.
El PSdeG anuncia el traslado del caso a la Fiscalía Anticorrupción
Barcón exige al PP que aclare si pagó su sede "con fondos de todos"
Los socialistas replicaron a la negativa del PP a la investigación con el anuncio de que llevarán el caso a la Fiscalía Anticorrupción, ante el "cúmulo de coincidencias" que les llevaron a sospechar que el PP "pagó su sede con fondos públicos de todos los gallegos", en palabras de la diputada del PSdeG Mar Barcón. La diputada recordó que, el 13 de marzo de 2003, el director del patronato de la fundación Fegas, dependiente de Sanidade, firmó ante notario con el promotor de la sede un contrato mixto de venta y opción de compra por 2.096.875 euros. Sólo 18 días después, ambas partes volvieron para efectuar una "corrección de errores" que encareció el coste hasta 3.073.879 euros. El sobreprecio coincide casi exactamente con el valor de la sede del PP, adquirida en las mismas fechas al mismo promotor inmobiliario. Un informe de Tinsa estimaba el valor en la época de la sede de la Fegas en 1.756.800 euros. "No puede ser una casualidad, y si lo es, tienen que demostrarlo", retó Barcón al PP.
El portavoz del Grupo Popular, Manuel Ruiz Rivas, apeló a la hipoteca suscrita por el PP para justificar que el partido pagó su sede. Tanto Ruiz Rivas como después el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que compareció tras el debate de la comisión de investigación para informar al Pleno de la compra de la sede de la Fegas, admitieron los errores que encarecieron la operación. "Puede que no se diera toda la pulcritud administrativa, pero sí toda la pulcritud ética y política", sostuvo el portavoz popular. Rueda atribuyó las correcciones en el precio a "dos errores concatenados de un funcionario sin adscripción política", que fueron "rápidamente detectados y corregidos casi en tiempo real".
La defensa del PP se basó en dos argumentos. De una parte, contraatacó con otros contratos de la Xunta durante el Gobierno bipartito, entre ellos la sede de Sogama; según Rueda, con un sobrecoste de 200.000 euros. Y del otro, con el "retraso" de los socialistas en denunciar el caso. "La oposición quiere investigar al Gobierno anterior del anterior, fíjense si serán fariseos", acusó Ruiz Rivas. Rueda puso a disposición de los grupos parlamentarios documentación sobre los pagos efectuados por el PP para pagar su sede y la auditoría que encargó el bipartito sobre la operación.
En contra de lo afirmado en octubre por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el informe de PriceWaterhouse no concluye que el precio pagado se ajusta al de mercado. La auditoría revela, en cambio, "errores, deficiencias e irregularidades" en el expediente tramitado por la Fegas, aunque no encuentra causa de nulidad del contrato. Según un comunicado de la Consellería de Sanidade del 14 de octubre, el informe "confirma la transparencia en el proceso de adquisición de la sede".
"Sólo tenemos que averiguar cómo es posible que el PP comprase a la misma empresa y en el mismo edificio, y pague la mitad que la sanidad pública el mismo mes", señaló Mar Barcón. La diputada socialista descalificó las explicaciones ofrecidas por el Gobierno, y subrayó que los ciudadanos "quieren saber si se pagó la sede del Partido Popular con el dinero de los gallegos". "Si no es así, demuéstrenlo en una comisión de investigación", añadió. Ana Luisa Bouza, del BNG, respaldó la petición, ante "los indicios de cosas graves". El PP respondió al anuncio de llevar el caso al fiscal con ironía. "Su estrategia es de una querella cada mes, tienen mono de juzgado", sentenció el diputado Antonio Rodríguez Miranda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009