Entre 7.000 y 20.000 civiles murieron durante los cinco primeros meses de 2009 en el este de la isla de Sri Lanka como consecuencia de la ofensiva del Ejército contra los rebeldes tamiles. Los planes militares y el potencial desastre humanitario eran bien conocidos. Sin embargo, la mayoría de los países ricos no se preocuparon de asegurar a tiempo la presencia de cooperantes en la zona. El conflicto de Sri Lanka es sólo un ejemplo más de que, en general, la ayuda humanitaria llega con retraso e improvisación a la población necesitada, según se desprende del Índice de Respuesta Humanitaria 2009, publicado ayer por Dara, una fundación que evalúa anualmente el comportamiento de los países donantes.
El dinero destinado a emergencia en conflictos armados y catástrofes naturales sigue estando orientado por intereses estratégicos. Por eso no es extraño que, en la clasificación que elabora Dara sobre calidad y cantidad de la ayuda, las principales potencias militares aparezcan en puestos retrasados: el Reino Unido ocupa el puesto número nueve de 23, EE UU el 14º, Alemania el 16º y Francia el 20º. Los países escandinavos e Irlanda copan las cuatro primeras posiciones, mientras que España sube un peldaño con respecto al año anterior hasta el puesto número 15. Los tres últimos son ocupados por países mediterráneos: en orden descendiente, Italia, Grecia y Portugal.
La clasificación se ha elaborado a partir de 2.000 encuestas a miembros de ONG receptoras de fondos estatales en 13 zonas de conflicto. Ningún país supera una nota de 8 sobre 10 -Noruega puntúa con 7,49- y la media se sitúa algo por encima del 6, "lo que demuestra que a los países donantes aún les queda mucho por mejorar", según Ricardo Solé, uno de los autores del estudio.
El futuro de la ayuda, sin embargo, está lleno de incertidumbres. La principal amenaza que detecta Dara son los crecientes problemas a los que se enfrentan las ONG para hacer llegar la ayuda a la población atrapada en regiones de conflicto. Los ejemplos en el último año son numerosos. En algunas ocasiones son los Gobiernos los que impiden el acceso de los trabajadores humanitarios, como hizo Israel durante su ofensiva en Gaza, o Sri Lanka contra la guerrilla tamil. En Sudán, las ONG internacionales fueron expulsadas en marzo por el presidente, Omar el Bashir, después de que éste fuera imputado por la Corte Penal Internacional. Según Dara, la denuncia de estas limitaciones es insuficiente.
Pero en todos los casos se observa la creciente inseguridad a la que se exponen los cooperantes. En 2008 se alcanzó el récord de 260 asesinados, secuestrados o heridos de gravedad. En Somalia, país sumido en la anarquía tras 18 años de guerra, no hay ni un solo trabajador humanitario extranjero. El 90% de las ONG operan desde el exterior y la ayuda es gestionada por personal local con escaso rendimiento de cuentas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009