La desafección social respecto de la política no es un fenómeno nuevo en Cataluña, ni tampoco específico; los sondeos revelan que tampoco al conjunto de España le es ajeno. Las señales catalanas de alarma han sido las magras tasas de participación registradas en las últimas convocatorias a las urnas, salvo -por ahora- las generales. Pero el desfalco masivo que han sufrido los mecenas y las administraciones que sufragan el Palau de la Música, primero, y ahora la transversal trama de corrupción municipal destapada con la Operación Pretoria han agudizado el descrédito de la política en Cataluña. A un año de las elecciones autonómicas, el tripartito gobernante ha anunciado a toda prisa un voluntarioso plan anticorrupción a fin de atajar el divorcio entre representantes y representados y, primordialmente, aliviar la factura que en términos de votos tales escándalos pueden girar a las fuerzas en el poder.
Sería injusto, sin embargo, analizar el paquete de medidas que impulsa la Generalitat exclusivamente en su vertiente cosmética. Legislar a golpe de escándalo, como hizo el Gobierno del PSOE tras la disolución del Ayuntamiento de Marbella a raíz de la Operación Malaya, es uno de los resortes clásicos que activan los poderes públicos para convencer a la ciudadanía de que es la precariedad normativa, y no la condición humana, la causante de la corrupción. De ahí que cíclicamente los partidos aboguen por la regeneración de la democracia, como si la putrefacción hubiera alcanzado al sistema dejando incólumes a sus actores.
Estudiadas una a una, las recetas contra las prácticas corruptas que ha pergeñado el Gobierno catalán presentan escasas aristas. Sería osado oponerse a la institución de un registro público de los convenios urbanísticos que dote de más transparencia a las demasiado opacas recalificaciones; ni a que se garantice que las millonarias plusvalías beneficien más a la comunidad que a los promotores; ni a que se refuerce la fiscalización de municipios y partidos; ni a que se evite que las subvenciones a entidades culturales acaben en manos de fundaciones partidistas.
Bienvenidas sean todas las medidas con efectos disuasorios para potenciales corruptos, aun a riesgo de que, al orillar temas tan capitales como el derroche de los partidos o el déficit financiero de los ayuntamientos, al final sólo busquen un efecto placebo sobre el electorado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009