El Parlamento se pronunciará mañana por primera vez sobre la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avaló en junio pasado la ilegalización de Batasuna como "una necesidad social imperiosa" para mantener "la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros". El debate, que llega cinco meses después de aquel pronunciamiento judicial, se suscita ahora tras una interpelación del PP al consejero de Interior, Rodolfo Ares. El texto, que los populares han convertido en moción, se sustancia tras la participación del PNV el pasado 17 de octubre en la manifestación donostiarra contra las detenciones de dirigentes de Batasuna.
El partido del Gobierno, sin ser el promotor del debate, quiere aprovecharlo para lograr que el PNV se sume de manera explícita al respaldo de la Cámara a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que esa formación ha apelado siempre como instancia de poder moral incuestionable. El PSE busca de esta manera desactivar las acusaciones peneuvistas de falta de representatividad y legitimidad a la nueva mayoría parlamentaria y al Ejecutivo de Patxi López.
El PNV siempre apela a la autoridad del tribunal de Estrasburgo
El 'lehendakari' se ha mostrado "harto" de que el PNV le deslegitime
"Nos parece especialmente importante que este Parlamento respalde la sentencia del Tribunal de Estrasburgo para despejar cualquier tipo de duda que se pudiera sembrar sobre la calidad democrática o la representatividad de nuestras instituciones", sostuvo ayer José Antonio Pastor, portavoz del PSE-EE. Pastor compareció personalmente, junto al secretario general del Grupo Socialista, Óscar Rodríguez, para presentar la enmienda en torno a la que pretende aglutinar un apoyo amplio del Parlamento y en una muestra clara de su interés por elevar el perfil del debate.
El PSE quiere cortar de raíz el discurso de que la Cámara y el Gobierno surgidos de la nueva relación de fuerzas arrojada por las urnas en marzo no representan a la mayoría social y política de Euskadi como siguen sosteniendo todos los nacionalistas. Le preocupa en particular que el primer partido de la oposición se mantenga aún en él.
El propio lehendakari López se declaró el viernes pasado, en el último pleno de control, "bastante harto" de escuchar tal discurso al portavoz del PNV, Joseba Egibar. Éste sostuvo de nuevo que el Ejecutivo socialista responde a una operación "de Estado" en la que se habría utilizado "la cirugía electoral", para desalojar al nacionalismo del poder. "Una acusación gravísima desde el punto de vista democrático", consideró ayer Pastor.
Resaltó, además, la contradicción de los peneuvistas, que no cuestionan de igual modo la legitimidad de instituciones en que gobiernan, como la Diputación de Guipúzcoa, en cuyas Juntas Generales no están los radicales, o el Ayuntamiento de Bilbao, al que tampoco pudieron optar.
El texto que propone el PSE reza así: "El Parlamento respalda, de manera especial, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dejado sentado que tanto la ley de Partidos como la ilegalización de formaciones políticas que no condenan a ETA han sido medios necesarios para defender la democracia".
La enmienda emplaza particularmente al PNV, por la autoridad que siempre ha atribuido a esa instancia judicial, a la que el Gobierno de Ibarretxe llevó la propia ley de Partidos en un recurso que no fue admitido y en la que tenía puestas todas sus expectativas.
La sentencia les causó tal desconcierto que sus dirigentes tardaron dos días en comentar su contenido y significado. Pese a ella, sus portavoces mantienen el mismo discurso: sin la exclusión de la izquierda aber-tzale el PSE y el PP no habrían sumado la mayoría absoluta que les permitió relevar al PNV en el poder.
Sentencia europea
- Origen. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo avaló en junio la Ley de Partidos de 2003 y respaldó la ilegalización de Batasuna al considerarla "un instrumento de la estrategia terrorista de ETA". Una disolución que la corte europea justificó como "una necesidad social imperiosa" para proteger la democracia.
- Moción. A raíz del fallo, el PP registró el pasado 27 de octubre una moción en el Parlamento para instar al Gobierno vasco a proseguir con la deslegitimación del terrorismo de ETA, así como de las personas y colectivos que lo amparan. El texto, que se debatirá en el pleno de mañana, respalda también la actuación del Estado de Derecho.
- Enmienda. El PSE ha querido mejorar la moción popular con una enmienda en la que se pide también el cumplimiento de la ley de Víctimas y se aboga por la unidad de los demócratas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009