El juicio apenas duró dos horas. La pequeña sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vitoria se llenó ayer a partes iguales de abogados, testigos y periodistas para seguir la vista de la demanda del PP contra la reelección de Gregorio Rojo en marzo de 2008 al frente de la Vital, gracias a un pacto del PSE, el PNV y CCOO. El juicio, que ha de dilucidar la continuidad o no del presidente de la entidad en su puesto, quedó visto para sentencia después de una sesión rápida y muy técnica.
Los demandantes intentaron demostrar que la comisión electoral de la Vital, que entonces presidía Miguel Garnica, cercano al PP, tenía competencias adoptar el acuerdo de invalidar la candidatura de Rojo. El argumento que se usó entonces y se mantuvo ayer era que el presidente de la entidad había sobrepasado el tiempo que la ley de Cajas le otorgaba para ocupar cargos en la institución financiera. Los altos cargos de la Vital que declararon avalaron las tesis de Rojo de que tal acuerdo no se produjo en el seno de la comisión electoral.
En marzo de 2008 se acababa un ciclo político y se abría otro. El PP, que había aupado a Rojo a la presidencia en 2004 gracias a un acuerdo con el PSE, vio cómo sus relaciones se deterioraban al tiempo que los socialistas se acercaban al PNV para mantener la presidencia de la caja. La batalla resultó encarnizada y enrareció el ambiente en una entidad habitualmente tranquila y en que los acuerdos se adoptaban casi siempre por unanimidad.
El pacto entre socialistas y populares para llevar a Patxi López a Ajuria Enea ha mejorado las relaciones entre ambos partidos cuando llega el juicio, pero sigue pendiente el escollo alavés. Ambos partidos creen que la vista oral supone una interferencia indeseada para los nuevos tiempos políticos que corren en Euskadi. Pese a ello, la opción de que los populares retirasen la demanda, sobre la que dirigentes del PP y del PSE y responsables de la Vital han conversado en los dos últimos meses, ha resultado al final imposible. Fuentes populares achacan directamente esta frustación a la actitud de dirigentes socialistas alaveses.
Garnica, quien en su día encabezó la lista a la Vital apoyada por el PP, ratificó ayer sus posturas. Reconoció que adoptó el acuerdo de invalidar la candidatura de Rojo con el voto de sólo cuatro de los ocho miembros de la comisión, cuando con ese mismo número no pudo constituirla unos días antes. Los acuerdos sólo resultan válidos con mayoría absoluta. Marta Buesa, quien entonces era miembro de la comisión electoral, declaró que Garnica se saltó un punto en el orden del día para lograr una votación sobre la suspensión de la candidatura de Rojo, que según ella "nunca se produjo".
El secretario general de la entidad, José Ignacio Besga, ratificó que en aquella reunión de la comisión electoral "no se produjo ningún acuerdo" y así se lo comunicó no sólo a Garnica, sino al resto de miembros. También declaró como testigo el director general de la caja, Joseba Barrena.
El letrado del PP, Ramón Entrena defendió la legalidad del acuerdo y la capacidad de la comisión para invalidar candidaturas como ya hizo "en enero de 2008 cuando decidió por mayoría que un candidato no podía concurrir". El abogado de la defensa, José Antonio Cainzos, sostuvo que la ley permite a Gregorio Rojo permanecer 20 años en los órganos de gobierno.
Los dos informes
- El PP sostiene que la última reforma de la ley vasca de Cajas de Ahorro, aprobada en mayo de 2003, fija en 12 años el tope máximo para tener un cargo interno en una entidad de crédito. Rojo suma 16.
- La Vital apela en cambio a la Disposición Adicional Tercera de la citada ley, que establece que quienes mantuvieran el cargo a su entrada en vigor, "podrán permanecer en él durante tal mandato y uno más, si resultaran elegidos" pese a haber estado 12 años en el puesto. Rojo cumplía ese plazo en 2004.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009