El sumario Gürtel acorrala al PP
De nuevo, para Mariano Rajoy, lo urgente es esperar. El PP era ayer una olla a presión. A la calle Génova llegaba por todas partes la ansiedad de los dirigentes provinciales y autonómicos, y especialmente los comentarios de prácticamente toda la prensa: Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, debe caer y perder su militancia, como han hecho todos los demás implicados en el caso Gürtel. Ese era el clamor.
La operación judicial ordenada el 6 de febrero de 2009 por el juez Baltasar Garzón contra la trama Gürtel de corrupción masiva vinculada al PP frustró un gran negocio que preparaba Álvaro Pérez, El Bigotes, con la connivencia del Gobierno valenciano de Francisco Camps.
La ex consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes valencianas, cometió un delito de cohecho, según la Fiscalía Anticorrupción, al haber obtenido un regalo de Orange Market (la empresa de la trama Gürtel dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes), a la que adjudicó los contratos del pabellón de la Feria de Turismo (Fitur) de 2005 a 2007.
Filesa, el escándalo de financiación ilegal del PSOE de finales de los ochenta, está en boca de todos los que en estos días comparan el alcance del caso Gürtel con las grandes tramas de corrupción de la historia de la democracia española.
Jaume Matas aportó ayer los tres millones de euros de la fianza personal impuesta por el juez del caso Palma Arena para evitar la cárcel y se declaró un hombre "sin trabajo". El ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente con el PP logró reunir la elevada cantidad tras formalizar, "una operación de crédito transitorio con garantías hipotecarias mías y de terceros".
El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela sentará al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por "múltiples motivos opuestos al ordenamiento jurídico", entre ellos el de "haber intentado asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas del franquismo", lo que según Varela constituye un delito de prevaricación judicial.
El caso Batasuna, el más importante de todos los macrosumarios que tiene pendientes el llamado entorno de ETA, entra en su recta final. El fiscal de la Audiencia Nacional presentó ayer su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita penas de 12 años de prisión para Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach por considerar que son miembros de la organización terrorista ETA en grado de dirigentes.
Son medidas "que no ofenden ni harán mal a la economía", aunque con ellas no se abordan reformas estructurales de calado. Ésta es la opinión generalizada de los grupos parlamentarios que han dado el sí al Gobierno a 24 medidas que el Consejo de Ministros aprobará mañana en un real decreto.
Asustados por la primera oleada de ataques en el Índico y en previsión de lo que puede venir -la temporada fuerte de caza para los piratas arranca en junio-, los armadores solicitaron al Gobierno más armas con las que contraatacar.
La juez ha rechazado la pretensión de la defensa de los cuatro presuntos espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre de dar carpetazo a su investigación y sobreseer el caso por falta de pruebas. Tras esta decisión, siguen imputados por un presunto delito de malversación tres asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados y Sergio Gamón.
