No hay noticias sobre difuntos que hayan regresado para explicar cómo es el otro barrio. Es improbable, pues, que a mitad pompa y circunstancia el finado abandone un momento su rigidez y salga a saludar, dar un apretón de manos y agradecer la despedida. Morir para contarlo es una vivencia, por así decir, tan imposible como esperar convicciones democráticas de la derecha indígena. Aunque desde una perspectiva sobrenatural, Francisco Camps sin duda valora el aliento que le tributan los mismos que le olvidarán dos días después de que dimita, sea porque el Tribunal Supremo le señale el banquillo, o por lo que está al caer. El reloj ya no marca las horas, sino su fecha de caducidad. Disfrute el aún presidente de este gran entierro político convertido en ampulosidad flatulenta, que para los más viejos del lugar sólo halla parangón con el general Franco, otro referente de la derecha española, a quien las adhesiones inquebrantables le duraron lo que tardó en caerle encima la losa en el Valle de los Caídos. Mientras la tropa le rinde honores, por el rabillo del ojo calibra los avances en la guerra de sucesión, recorriendo la panorámica que va de Rita Barberá a Alberto Fabra, sin llegar a Esteban González Pons, que también gobernó en Isla Tortuga. Cuando Camps baje del coche oficial y se dedique profesionalmente a... bueno, a lo que sea, recordará eternamente su funeral político. Algo de lo que no todos pueden presumir.
Por lo demás, con suerte acabaremos por creer que los empresarios que financiaban al PP con maneras un tanto opacas, al decir del sumario instruido por el juez Pedreira, no lo hacían a cambio de contratos, ni con ánimo de pervertir las reglas de la competencia. Era puro altruismo. Como Médicos sin Fronteras, pero en el sector de las obras públicas. A destacar también la habilidad de todas esas dependencias de la Generalitat que cerraron con los amigos del alma una colección de contratos por 12.020 euros, pero no porque fraccionando pretendieran eludir la fiscalización y el concurso público, sino porque cada cual tiene sus límites y ellos sólo aprendieron a contar hasta 12.020. Impagable estuvo la consejera Sánchez de León cuando reprobó a la Unidad de Auxilio Judicial hallazgos de los que nunca se supo por parte de la Sindicatura de Comptes, el órgano que dice fiscalizar al Gobierno valenciano. Cierto que los informes algo apuntan, pero no pasa de ahí gracias a la generosidad y prosa desganada de los señores síndicos, que tras años de tropezar con irregularidades, extrañezas contables y otros fenómenos paranormales, siguen sin enviar el parte al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía Anticorrupción. De momento la defensa de los reos está sólidamente inspirada en los tres grandes principios de la escuela Homer Simpson: yo no he sido, no estaba allí y ha sido ése. A ver qué dice el Supremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de mayo de 2010