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Dunas móviles del Parque Nacional de Doñana / GARCÍA CORDERO
La dirección general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente tuvo una tramitación extremadamente compleja del deslinde del Parque Nacional de Doñana. Los dueños de terreno -entre los que se encuentra la familia Morenés Mariategui o el jerezano Mauricio González-Gordon y dos promotoras inmobiliarias- alegaron en contra, como es normal.
"Esto se arreglaba en una mesa", resume Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC. "No le veo el sentido a estar en los periódicos cuando no hay un problema en Doñana", añade en referencia a la publicación esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del primer deslinde que se hará en los 36,8 kilómetros de playa del parque.
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El caso Rilco, una de las investigaciones abiertas en torno a la supuesta corrupción en la Zona Franca de Cádiz durante la etapa de gestión del PP, comienza a despejarse. El Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz ha emitido un auto, adelantado ayer por Diario de Cádiz, en el que imputa a Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ex delegados del PP en este organismo.
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