El lunes de la semana pasada los ciudadanos de Celrà (Gironès), de 4.500 habitantes, se encontraron con un cartel en la sede de los servicios sociales que explicaba que los usuarios de estos servicios, a partir de entonces, tenían que ir a Girona (a unos 12 kilómetros) para ser atendidos. La trabajadora y la educadora social se han mudado porque el Ayuntamiento se niega a pagar los 65.000 euros que debe al Consorcio de Bienestar Social, formado por el Consejo Comarcal del Gironès y Salt, que asume la labor.
Eso supone que la atención domiciliaria a personas con problemas socioeconómicos y del banco de alimentos, por ejemplo, ya no se preste en la población. El consorcio y el Ayuntamiento de Celrà están enrocados en una batalla de números. En 2009 Celrà pagó 14.000 euros por el servicio. En 2010, la cifra se elevó a 65.000. "Hemos aplicado la subida correspondiente a la Ley de Servicios Sociales", explicó ayer Cristina Alsina (ERC), presidenta del Consejo Comarcal del Gironès.
La aplicación de la ley supone que los Consistorios sufragan el 34% y la Generalitat el 66% del servicio. 'El resto de los alcaldes no están dispuestos a asumir los costes indirectos que supone que Celrà no pague', añadió Alsina. Aunque el año pasado el consorcio tuvo problemas con tres pueblos y una deuda de 230.000 euros, Celrà es la única localidad que se ha plantado y se niega a desembolsar el dinero. 'Hemos consensuado que los servicios básicos se centralicen y así reducimos gastos', explicó Alsina. El argumento del alcalde de Celrà, Francesc Camps (Entesa per Celrà), es que la prestación en manos del Ayuntamiento podría salir más barata. 'No creo adecuado a la ley ni lógico que los mismos servicios que prestaba el consorcio cuesten cuatro veces más este año', dijo en un pleno el 19 de octubre. Camps amenazó con ir a los tribunales si se dejaba "de prestar un servicio social en Celrà". Este diario trató ayer de hablar con Camps, que aseguró que hoy atendería la petición.
"Pedimos al alcalde que pague para no perjudicar a los ciudadanos", demandó ayer el concejal Dani Cornellà (CUP), que ha hecho pública la supresión del servicio. A su entender, el Consistorio debería unirse a otros Ayuntamientos pequeños y pedir a la Generalitat una nueva manera de financiación menos sangrante. "Pero mientras, no podemos dejar a la ciudadanía sin este servicio", lamentó. Tampoco cree que el Ayuntamiento encuentre una alternativa barata: "Si sumamos los sueldos de la trabajadora social y la educadora, la atención domiciliaria, el banco de alimentos... nos vamos a más de 120.000 euros". El objetivo del Consistorio es que la Generalitat financie el 66% de ese montante.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2011