Las consecuencias de un acuerdo histórico
Sin ningún entusiasmo, a regañadientes y con críticas hasta el último día a la forma y el fondo, pero el PP tiene prácticamente tomada la decisión de sumarse al mayor pacto social de los casi siete años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo no disimula su intención de equiparar el acuerdo a los Pactos de la Moncloa de 1977.
Los sindicatos han llegado a un gran acuerdo con el Gobierno. Han pactado la reforma de las pensiones y las políticas activas de empleo, y han alumbrado declaraciones grandilocuentes sobre política industrial y energética. Pero no por ello olvidan que hace cuatro meses fueron a la huelga general contra la reforma laboral del Ejecutivo.
El Gobierno catalán de Convergència i Unió sufrió ayer un nuevo patinazo en materia de comunicación, que derivó en un importante susto a los funcionarios de la Generalitat. El Ejecutivo de Artur Mas tuvo que salir al paso de unas declaraciones del principal hombre de confianza del presidente en su propio partido, Oriol Pujol.
El constructor Daniel Ogando, detenido e imputado junto a tres alcaldes (dos del PP y un independiente) y dos concejales de la Costa da Morte en la Operación Orquesta contra la corrupción en esta comarca coruñesa, acaparó en los dos últimos años las contrataciones a dedo de obras públicas de tres municipios: Fisterra, Cee y Mazaricos.
CARLOS L. ALFONSO, FRANCISCO TRILLO, WILFREDO SANGUINETI Y JUAN VIVERO
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no abrirá una investigación sobre los 261 casos de robo de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia que la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) dejó sobre su mesa la semana pasada, según fuentes de la fiscalía.
El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea que se prorrogue de forma transitoria, al menos por un año, el actual acuerdo pesquero con Marruecos, que caduca el próximo día 27, ante la imposibilidad de que se cierre un nuevo pacto para esa fecha, según fuentes gubernamentales.
Un informe de la Agencia Tributaria que acaba de ser incorporado al sumario del caso Gürtel revela que un empresario aragonés, Manuel Salinas Lázaro, pagó supuestamente en 2004 al cabecilla de la trama, Francisco Correa, en una cuenta del Principado de Mónaco opaca al fisco, un total de 12 millones de euros.