La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, y el mayor accionista, Antonio Rafael Camacho, fueron sorprendidos en 1993 captando ahorros de clientes sin autorización a través de un "chiringuito financiero", que fue multado con 128 millones de pesetas, según han informado fuentes de la investigación.
Ocho años después, ambos han sido imputados en el llamado Caso Gescartera por la desaparición de 13.000 millones de pesetas depositados por los clientes de esta agencia de valores, lo que ha supuesto el ingreso de Camacho en la prisión de Soto del Real, de manera preventiva.
La juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso, Teresa Palacios, ha decidido no imponer medidas cautelares a Giménez-Reyna, que ha asegurado en su declaración no haber tocado los fondos de los clientes, ya que los únicos que estaban facultados eran los dos apoderados de la firma, Antonio Rafael Camacho y Jose María Ruiz de la Serna.
Gescartera Dinero, la agencia de valores creada en el mes de febrero e intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 15 de junio, no ha sido la primera experiencia de Camacho y de Giménez-Reyna en el campo de la gestión de fondos, ya que ambos participaron anteriormente en la empresa Bolsa Consulting.
En términos del mercado, esta empresa resultó ser un "chiringuito financiero", es decir, una sociedad que capta dinero de los ahorradores sin estar autorizada para ello, y sin estar registrada en la CNMV.
Detectada esta infracción, el organismo supervisor abrió expediente a Bolsa Consulting y le impuso una sanción de 128 millones de pesetas, en tanto que no pudo sancionar a sus administradores, ya que todavía no había sido reformada la Ley del Mercado de Valores, según las mismas fuentes.
Entre los socios fundadores de Bolsa Consulting figuraban el propio Antonio Rafael Camacho Friaza, su madre Pilar Friaza, y una tercera persona, Nuria Rodrigez, a los que más tarde se incorporó Pilar Giménez-Reyna.
Los administradores solidarios, según las mismas fuentes, eran Antonio Rafael Camacho y su padre, José Camacho -que fue presidente de Gescartera hasta el 2000-.
Tras desaparecer Bolsa Consulting, los dos imputados volvieron a aparecer en escena en febrero de este año, cuando consiguieron la autorización de la CNMV para convertir la empresa gestora de patrimonios que poseían, Gescartera Gestión, en una agencia de valores, que se llamó Gescartera Dinero.
Desde el primer mes de actividad de la agencia, el organismo supervisor comenzó a detectar problemas, tanto de falta de información sobre sus cuentas como de las de sus clientes y de ausencia de documentos acreditativos.
Tras varios requerimientos, los administradores de Gescartera justificaron la inversión en depósitos bancarios de 8.500 millones de pesetas de los clientes, aportando dos documentos con membretes del BSCH y de la Caixa que resultaron ser falsos, lo que precipitó la actuación de la CNMV, que intervino la sociedad el pasado 15 de junio.
En los diversos requerimientos que formuló la CNMV, los interlocutores de Gescartera ante el organismo supervisor fueron Antonio Rafael Camacho, Jose María Ruiz de la Serna, y Pilar Giménez-Reyna.
Libertad sin cargos para Giménez Reyna
La juez Teresa Palacios, ordenó el lunes, después de un largo interrogatorio, la prisión preventiva para Antonio Rafael Camacho, en tanto que hoy dejaba en libertad sin cargos a Giménez-Reyna, aunque permanecerá imputada.
Giménez-Reyna, hermana del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna conoció a las 14.00 horas la decisión de la juez de no adoptar contra ella medidas cautelares, aunque permanecerá como imputada en este caso.
Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, la juez ha tenido en cuenta los argumentos de la presidenta de Gescartera, que dijo desconocer las irregularidades detectadas y señaló a los apoderados de la agencia de valores, Antonio Rafael Camacho y José María Ruiz de la Serna, como los únicos responsables en la gestión de la compañía.
Giménez-Reyna, según han indicado fuentes judiciales presentes en la declaración, ha asegurado que pese a su cargo como presidenta no intervino en el gobierno de la sociedad ni en su administración, ya que "los apoderados eran los único involucrados en la gestión".
La presidenta de Gescartera Dinero ha dicho que alcanzó esta responsabilidad por su buena labor en Gescartera Gestión, de la que era una simple agente comercial; y que no ha tocado "ni una sola peseta de los fondos de la agencia de valores". Como atenuante, ha señalado que ella misma y su familia han salido perjudicados en su patrimonio.
Exculpados los consejeros
Por otra parte y según las mismas fuentes, la presidenta de Gescartera ha exculpado al Consejero Delegado de la agencia, José Manuel Pichel, y al Consejero Francisco Javier Sierra Flor.
Teresa Palacios ya tomó declaración el pasado lunes a los dos apoderados de Gescartera Dinero y dictó prisión incondicional para Antonio Rafael Camacho -principal accionista de la sociedad-, mientras que impuso a José María Ruiz de la Serna, atendiendo a su delicado estado de salud, que se persone todos los días en la Audiencia Nacional.
Reacciones diversas
La imputación de la presidenta de Gescartera Dinero, hermana del actual secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, provocó ayer diversas reacciones, fundamentalmente del Gobierno, que salió en defensa de las actuaciones de este alto cargo.
Fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que el secretario de Estado es simplemente un cliente afectado económicamente por este caso, ya que invirtió en Gescartera Dinero un millón y medio de pesetas que ahora no puede recuperar.
En cuanto a Pichel, actualmente Director General de la Fundación ONCE, su puesto en Gescartera Dinero obedecía a la participación accionarial que la organización de ciegos tiene en esta agencia de valores, que asciende a un 10% de su capital social.
No obstante, y pese a la imputación, la Fundación ONCE ha presentado una querella contra los responsables de Gescartera Dinero y contra la propia sociedad, donde tenía depositados varios cientos de millones de pesetas, aunque por el momento Teresa Palacios no ha adoptado ninguna decisión sobre la misma.
La misma fundación ha anunciado también, en una reunión ordinaria del pleno del Consejo General, que comprobará si la actuación de los dirigentes de su fundación ha sido correcta, deduciendo responsabilidades en caso contrario.
4.138 millones reclamados
Por su parte, la Asociación Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) pidió anoche, ante un auditorio de unas 250 personas afectadas por el caso Gescartera, que el Gobierno y la Fundación ONCE asuman su responsabilidad en este caso, al tiempo que instó a los reunidos a personarse de manera conjunta en la causa. El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, calificó de "fraude" lo ocurrido en la agencia de valores y responsabilizó de esta situación a los directivos y gestores de la agencia de valores, aunque como responsable subsidiario señaló al Gobierno, que, según dijo, estaba obligado por la Ley del Mercado de Valores de 1999 a poner en marcha un fondo de garantía para este tipo de contingencias "y hasta el momento no ha hecho nada".
Por ahora, un total de 239 clientes de Gescartera se han dirigido a la CNMV para reclamar la devolución de sus inversiones, por un importe total de 4.138 millones de pesetas. Sólo en el día de ayer, fueron 69 personas las que han presentaron reclamación, con un patrimonio invertido de 830 millones, lo que supone una media de 12 millones por inversor, mientras que otros 84 se pusieron en contacto con el organismo supervisor por teléfono para conocer cómo deben formular sus reclamaciones.