La Comisión Europea ha anunciado la imposición de una multa por un montante total de 167,8 millones de euros (cerca de 28.000 millones de pesetas) al productor japonés de videojuegos Nintendo y a siete de sus distribuidores oficiales en Europa. La razón para la imposición de la multa es "haberse puesto de acuerdo con el fin de impedir las exportaciones desde países de bajo precio a países con precios elevados" para los productos del fabricante.
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"La multa impuesta a Nintendo ha sido fijada en 149 millones de euros con el fin de reflejar su tamaño sobre el mercado en cuestión y el hecho de que ha sido la empresa que ha dirigido el comportamiento ilegal y porque ha continuado con la infracción incluso después de haber sido informada de que había una investigación abierta", según la Comisión.
Los siete distribuidores son John Menzies (distribuidor de Nintendo para el Reino Unido), Concentra-Produtos para Criancas SA (Portugal), Linea GIG Spa (Italia), Bergsala AB (Suecia), la división griega de la empresa japonesa Itochu Corp., Nortec AE (Grecia) y la división belga de la empresa alemana CD-Contact Data GmbH.
Según las pruebas de la Comisión, estas empresas y Nintendo evitaron el comercio paralelo para mantener artificialmente la diferencia de precios entre enero de 1991 y 1998, e incluso los distribuidores que no colaboraban eran sancionados por el productor reduciendo su suministro o por un boicot total.
Diferencias de precios
A lo largo de los siete años, las consecuencias de estos acuerdos comerciales provocaron fuertes diferencias de precios en el Espacio Económico Europeo. Los precios más bajos se registraron en Reino Unido. Por ejemplo, en 1996 algunos productos de Nintendo eran hasta 65% más baratos que en Holanda y Alemania, mientras que en España los precios fueron hasta un 67% más caros que en el mercado británico. Nintendo vendió cinco millones de consolas y 12 millones de juegos en Europa en 1997 y es en algunos países, además, importador oficial de sus productos.
Las empresas tienen tres meses para pagar la multa y dos para decidir si recurren al Tribunal de Primera Instancia, el cual goza de plena discrecionalidad en lo referente a la multa. Si recurren, pueden optar entre pagar la multa o presentar una garantía bancaria. Si optan por esta última posibilidad, se devengan los intereses correspondientes.