La fiscalía de la Audiencia Nacional contestará mañana afirmativamente a Garzón sobre la petición de suspensión de actividades y la clausura de locales de Batasuna. Según informa la Cadena SER, la fiscalía, a la que Garzón pidió opinión el martes, considera que la coalición aberzale forma parte de ETA y le proporciona apoyo logístico y operativo para conseguir aterrorizar a la población. Según el el teniente fiscal, Jesús Santos, la medida es imprescindible para que no haya más atentados.
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El fiscal asegura que existen suficientes elementos indiciarios para sostener que Batasuna es sumisa a lo que dice ETA, ya que es el instrumento mas importante porque aporta recursos materiales, técnicos y humanos.
En el informe, el fiscal cita hasta 62 documentos intervenidos por la policía que avalan estos indicios, como actas de reuniones, boletines internos de la organización, reuniones clandestinas e incluso la relación de acciones violentas contra las empresas de trabajo temporal.
A lo largo de 50 folios, la fiscalía analiza técnicamente si esta medida puede ser aplicada y reconoce que sí, porque nos encontramos ante infracciones criminales muy graves y porque se evitará que ETA siga obteniendo dinero, por ejemplo, de las herriko tabernas. Más tarde, con este dinero -dice el fiscal- se facilita la comisión de atentados como el de Santa Pola.
Batasuna, según este informe, se orienta a la desestabilización y la deslegitimación del Estado y permite a ETA, entre otras cosas, supervisar las listas electorales o decidir si se debe participar en los plenos de los ayuntamientos.
El informe reconoce en sus primeras páginas que la medida es "trascendental y grave" ya que afectará a varios derechos y libertades que recoge la Constitución española, como la libertad ideológica o el derecho de asociación. Estos derechos, según la fiscalía, han de ser tenidos en cuenta de forma restrictiva porque sus fines son ilegales y avocados, siempre a la violencia.