El juez Baltasar Garzón inició ayer los trámites para suspender provisionalmente las actividades de Batasuna por un plazo inicial de cinco años, utilizando la misma vía, el Código Penal, que ya aplicó para declarar la ilicitud de otras organizaciones del entramado de ETA. La medida que proyecta Garzón, en paralelo al proceso de ilegalización de Batasuna iniciado por PP y PSOE, puede llevar a la inmediata suspensión de actividades de la organización que lidera Arnaldo Otegi tales como mítines, manifestaciones y convocatorias de actos públicos, aunque en principio no afectaría al trabajo de sus concejales y parlamentarios. La ilegalización de Batasuna por la vía del Código Penal sería el resultado de una línea de investigación iniciada por Garzón hace cuatro años contra el entramado de organizaciones políticas que da sentido y explicación a los postulados de ETA.
MÁS INFORMACIÓN
- Garzón informa a Batasuna de la próxima suspensión de sus actividades
- Otegi acusa a las instituciones del Estado de poner en marcha una "estrategia genocida"
- Zapatero exige a Aznar e Ibarretxe que dialoguen "más allá de la ilegalización"
- La Cámara vasca solicita un informe jurídico que aclare la suspensión a Batasuna
- La Audiencia rechaza la recusación contra Garzón pese a sus "excesos verbales"
- Dossier:: La Ley de Partidos
- Reportaje:: Batasuna: la estrategia de la insurrección
- La 'empresa' de la banda
- Diez operaciones en seis años con 121 detenidos
- Garzón, hasta el final
- PP y PSOE presentarán pruebas jurídicas de que Batasuna vulnera la Ley de Partidos
- La ilegalización de Batasuna enfrenta al PP y al PSOE con los nacionalistas
- IU exige que el Gobierno muestre las pruebas contra Batasuna
- El PSOE defiende la vía penal como complemento a la Ley de Partidos
- Garzón embarga las subvenciones electorales que el Estado debe a Batasuna
- La Fiscalía apoya la suspensión de actividades de Batasuna porque forma parte de ETA
La resolución de Garzón no afecta, según fuentes jurídicas, a los representantes de Batasuna ante las instituciones del País Vasco y Navarra, que podrían seguir con su trabajo, aunque no servirse de la "estructura" del partido. Tampoco de sus sedes y cuentas corrientes, estas últimas bloqueadas ya para que Batasuna responda civilmente de 24 millones de euros por los daños causados por la kale borroka (violencia callejera). Asimismo tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como Jueces para la Democracia consideran que esta decisión del juez supone que Batasuna no puede presentarse a las elecciones, informa Efe.
Garzón utiliza un informe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía Nacional, del 12 y 15 de julio de 2002, como base probatoria para proceder a la suspensión del partido aberzale. El informe, de unos 120 folios, está declarado secreto, pero habrá de conocerse parcialmente cuando el magistrado dicte el auto de suspensión de las actividades de Batasuna, previsiblemente la próxima semana. El juez ha citado para el lunes a los inspectores firmantes del informe.
Entretanto, el juez ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional del informe policial para que en el plazo de tres días informe "sobre la procedencia de acordar la suspensión provisional de actividades de HB-EH-Batasuna, dada la integración aparente en el complejo terrorista liderado por ETA-KAS-EKIN de una estructura organizada que cumple la misma finalidad terrorista".
Prevenir el delito
Garzón ha citado a los representantes legales de HB-EH-Batasuna para que comparezcan este viernes a las 10 de la mañana a fin de llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 129.1 del Código Penal. Este precepto, utilizado profusamente por Garzón para "prevenir la continuidad en la actividad delictiva" del entramado etarra, prevé la clausura de empresas y de sus locales o la suspensión de actividades de sociedades "por un plazo que no podrá exceder de cinco años" previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales. El juez apercibe a los de Batasuna de que si no comparecen "se dará por evacuado el trámite".
Garzón ya se ha servido de este artículo para decretar la suspensión de empresas como Orain, la editora del diario Egin, o declarar la ilicitud de otras organizaciones del entramado etarra como Jarrai-Haika o Gestoras pro Amnistía.
El juez ha pedido a la UCI que le remita una copia del comunicado de reivindicación por parte de ETA del atentado del 4 de agosto pasado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en el que fallecieron una niña de seis años y un hombre de 57. ETA amenazaba en él a los partidos políticos que voten "sí" o se abstengan en la votación del Congreso para instar la ilegalización de Batasuna.
En la resolución que eventualmente declare la suspensión del partido aberzale, Garzón reflejará los argumentos que le llevaron a declarar la responsabilidad civil de Batasuna en la kale borroka y testimonio de los sumarios contra el entramado etarra: el sumario 18/98, o sumario matriz, que dio lugar a la clausura del diario Egin y posteriormente a la suspensión de actividades de Xaki, (el aparato de relaciones internacionales de ETA), el de declaración de ilicitud de Ekin y el del procesamiento y prisión de Pepe Rei, director de la revista Ardi Beltza (Oveja Negra).
También tendrá en cuenta los sumarios 18/01, sobre declaración de ilicitud de la organización juvenil Jarrai-Haika, y el 33/01, sobre declaración de ilicitud de Gestoras pro Amnistía. Contra la resolución dictada ayer cabe un recurso de reforma que puede presentar por Batasuna en el plazo de tres días ante el propio Garzón. Después, contra la previsible suspensión provisional del partido aberzale cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.
Además, el Ministerio Fiscal presentará en el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Batasuna el próximo 2 de septiembre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de agosto de 2002