El Gobierno vasco presentará ante la sala segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), debido a las medidas que se han puesto en marcha con el auto de suspensión de Batasuna, en especial las restricciones que el Ejecutivo considera pone este auto a los derechos de reunión y manifestación.
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De acuerdo a lo anunciado por el portavoz del Ejecutivo de Juan Carlos Ibarretxe, Josu Jon Imaz, tras el consejo de Gobierno de esta mañana, la querella se produce porque se estima que "las decisiones relativas al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación", que el juez "ha ido tomando mediante autos que ha ido corrigiendo sucesivamente, suponen una restricción infundada e ilegítima de las normas aplicables del ordenamiento en vigor".
Asimismo, ha considerado que estas decisiones "contradicen la interpretación que, sobre las limitaciones, impone la Convención Europea de los derechos humanos a la que se encuentra vinculado". De admitirse la querella a trámite, el juez podría ser suspendido cautelarmente hasta que se resolviera el caso.
Para Imaz, las medidas de Garzón son una "vulneración que se está llevando a cabo fuera de los cauces legales, y sin observancia de las garantías mínimas establecidas para proteger un derecho fundamental que es básico para una sociedad democrática".
Vaciar de contenido
El portavoz ha sostenido además que "la situación de inseguridad jurídica que ha generado la actuación de este magistrado no sólo vacía de contenido las atribuciones que la legislación vigente confiere al Departamento de Interior como autoridad gubernativa, sino que supone una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna a personas y colectivos que no están encausados en los procesos ni tiene que ver con esa organización".
A juicio deImaz, esa actuación "no sólo crea una evidente confusión, sino que incrimina a la mayoría de la sociedad vasca que, si bien, ni comparte ni aprueba la acción política de esa organización, Batasuna, rechaza su ilegalización y los excesos en los que ha incurrido el magistrado de al Audiencia Nacional".