Un informe del Parlamento Europeo exige la inmediata extracción del fuel que queda en el Prestige, lo que choca con los planes del Gobierno español de no extraerlo hasta mayo de 2004. El texto vincula además la decisión del Ejecutivo de Aznar de alejar el buque de la costa con la gran expansión de la marea negra.
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Los tres ponentes designados por el Parlamento Europeo, el liberal belga Dirk Sterckx en la comisión de Transportes, la verde francesa Isler Beguin en la de Medio Ambiente y el socialista francés Bernard Poignant en la de Pesca, reclaman en su informe a las autoridades españolas "que tomen en el más breve plazo las decisiones necesarias para evacuar sin más dilación" las 37.500 toneladas que quedan en el pecio del 'Prestige' ya que "representan una amenaza para el medio
El parlamentario belga propone una larga serie de propuestas para reforzar la seguridad marítima, tales como planes nacionales en caso de catástrofe, una autoridad independiente para situaciones de urgencia marítima, establecimiento de lugares de refugio y la determinación a nivel europeo de las exigencias mínimas en cada Estado miembro para la prevención.
Otras de las propuestas son la lucha contra la contaminación, que el carburante para la navegación de los nuevos buques se almacene también en bodegas de doble casco, asegurar la formación de las tripulaciones, la creación de una gendarmería marítima europea, así como otras acciones en el seno de la Organización Marítima Internacional para revisar el Derecho del Mar y proteger las costas de las amenazas al medio ambiente.
La ponente de la comisión de Medio Ambiente ha sido especialmente dura con las autoridades españolas al asegurar en su informe que "lamenta la decisión adoptada por España de remolcar el Prestige hasta alta mar cuando la opción consistente en llevarlo hasta aguas tranquilas o a un puerto habría permitido limitar una catástrofe anunciada". Isler Beguin considera además que los equipos especializados en España resultaron claramente insuficientes.
Por último, el informe de la comisión de Medio Ambiente exige la aplicación del principio de "quien contamina paga" y que se sancione a los responsables de los accidentes.