El juez federal Gabriel Cavallo ha declarado hoy la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas en diciembre de 1986 y junio de 1987, respectivamente, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.
El magistrado apela a la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 que también son contrarias a media docena de tratados internacionales que el país argentino incorporó a su legislación. En este sentido el juez alega que la desaparición forzada de personas es un delito imprescriptible y, por lo tanto, no amnistiable.
Para ella cita en su resolución el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que concedió a Italia la extradición del criminal nazi Erick Priebke, condenado en 1998 a reclusión perpetua por un tribunal romano por la matanza de las Fosas Adreatinas, ocurrida el 24 de marzo de 1944.
La sentencia con una extensión, de más de 120 folios, acepta un planteamiento formulado por el CELS, un organismo de derechos humanos que pidió que se juzgue y responsabilice a los autores de la desaparición forzada de Gertrudis Hlaczik y José Poblete Roa, padres de una niña de 8 meses que estuvo detenida en el centro clandestino de detención El Olimpo y fue entregada a un matrimonio de militares el 28 de noviembre de 1978.
Primeras citaciones
La decisión del Juez ha conducido a la citación de ocho ex represores que serán llamados a prestar declaración indagatoria por la desaparición en 1978 de un matrimonio de militantes peronistas.
Aunque en un principio la resolución se aplicaría a los autores de la desaparición Hlaczik - Roa el fallo resolución inquieta a las Fuerzas Armadas porque podría significar la reapertura de cientos de procesos contra ex represores. Sería un retroceso, dijo ayer el jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, cuando se le consultó sobre la posible anulación de las leyes exculpatorias.
La inminencia del fallo ya produjo las primeras manifestaciones de salvaguardar sus intereses y el viernes pasado 658 militares, presentaron recursos de hábeas data (el que permite a cualquier persona conocer la información referida a sí misma guardada en organismos públicos y privados) ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para saber si había denuncias en su contra.
En diciembre de 1985, los máximos jefes militares de la dictadura fueron condenados por la Cámara Federal tras un juicio sumarísimo, aunque luego fueron indultados por el ex presidente justicialista Carlos Menem.
Las leyes de 'punto final' y 'obediencia debida' fueron sancionadas por el Gobierno de Alfonsín para frenar los levantamientos de centenares de militares que estaban siendo juzgados por delitos cometidos durante la dictadura El impulsor de esas normas fue el entonces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que ayer volvió a ocupar ese puesto, en reemplazo del nuevo ministro de Economía, Ricardo López Murphy.
La decisión se produce a escasas semanas del 25 aniversario de la dictadura militar argentina en la que se estima que murieron de 15.000 a 30.000 personas.