"El Estado no va a apelar. Si alguien quisiera hacerlo, esos deben ser los particulares afectados por este fallo", expresó el portavoz del presidente Fernando de la Rúa. Ostuni aclaró, además, que "lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo es estar expectante a ver cómo se resuelve".
En la Casa de Gobierno, el portavoz también se negó a opinar sobre el fallo del juez Cavallo al considerar que no era "prudente" hacerlo.
"Por el irrestricto respeto a la división de poderes no es prudente hacer comentarios. El Poder Ejecutivo no debe comentar los fallos del Judicial ni decir nada que pueda dar lugar a una interpretación errónea", explicó el portavoz.
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Un día después del fallo que declaró la "invalidez e inconstitucionalidad" de las normas que libraron de prisión a cientos de militares implicados en violaciones a los derechos humanos, para poder investigar así la desaparición de un matrimonio en 1978, el juez Gabriel Cavallo ha defendido su decisión.
El magistrado federal argentino ha asegurado que "el Poder Judicial revisa como último intérprete la constitucionalidad de las normas" y que "la circunstancia de que una norma sea votada por el Congreso no le da ningún carácter legal".
De esta manera respondía Cavallo a las declaraciones del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena que consideraba que las leyes de punto final son "constitucionales" porque fueron "promovidas y votadas por el Congreso" argentino en 1986 y 1987 como una forma de lograr la reconciliación nacional.
En declaraciones a Radio Mitre, Cavallo ha dicho que no tiene la intención de "polemizar con el poder político" respecto a la controversia que generó su decisión de declarar nulas, para el caso del matrimonio desaparecido, las leyes que pusieron fin a las investigaciones contra un millar de militares y policías implicados en la represión ilegal de la última dictadura (1976-1983).
El juez federal ha advertido que "hay miles de normas que son votadas por el Congreso y luego son inconstitucionales, porque por un error o por lo que sea se oponen a la prescripción legal".
Juicio para todos los implicados en la guerra sucia
Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida fueron aprobadas en diciembre de 1986 y junio de 1987 durante el Gobierno de Raúl Alfonsín después de los alzamientos protagonizados por los sectores carapintadas del Ejército de Tierra.
La medida adoptada por el magistrado, en respuesta a la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no sólo habilita el proceso a todos los involucrados en el secuestro de Gertrudis Hlaczik, de su esposo José Poblete Roa, y de la hija de ambos Claudia Victoria Poblete, de ocho meses, también abre la posibilidad de que se vuelva a someter a juicio a todos los acusados supervivientes que no hubieran sido beneficiados, además, con el indulto dictado en 1990 por el presidente Carlos Menem.
El portavoz presidencial, Ricardo Ostuni, ha ratificado que no emitirá opiniones sobre el asunto y ha descartado que tenga previsto apelar la resolución judicial.
"Es una decisión del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no tiene nada que opinar al respecto. Si alguien quisiera hacerlo son los particulares damnificados por este fallo", dijo el portavoz del presidente Fernando de la Rúa.
Para el ex jefe del Ejército Martín Balza, que estuvo al frente de la institución durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), la anulación de las normas "no producirá situaciones que alteren la disciplina y la cohesión de la fuerza".
Balza, que en abril de 1995 se convirtió en el primer comandante militar en pedir perdón públicamente por las prácticas ilegales llevadas a cabo durante la dictadura, calificó la medida judicial como "profesional, medular y profunda".
La organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pedió al magistrado que anulara las leyes en el marco de esa causa y ahora ha anunciado que solicitará a la Justicia que declare la invalidez de las normas para dos casos más de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.
Las distintas causas que se abran de ahora en adelante pueden pasar por distintas instancias judiciales hasta llegar eventualmente a la Corte Suprema de Justicia, que tendría que decidir si son o no válidas las leyes para cada uno de los casos, explicaron abogados de organizaciones de
derechos humanos.