La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado esta noche la discutida ley antiterrorista, que concede a las autoridades más facilidades para realizar escuchas telefónicas y otras medidas policiales y judiciales. Sin embargo, la Cámara le ha puesto un plazo de cinco años a esas competencias de las autoridades para realizar escuchas, la parte más controvertida de la legislación que, sin embargo, fue aprobada sin problemas el jueves en el Senado.
La legislación, reclamada por la Casa Blanca, ha sido elaborada con premura a raíz de los atentados del 11 de septiembre y ha despertado la alarma entre las organizaciones de defensa de los derechos fundamentales. El Senado ya había aprobado esta ley en la medianoche del jueves, por 96 votos a favor y sólo uno en contra. La Cámara de Representantes ha aprobado la discutida ley por 337 votos a favor y 79 en contra y ha enviado de nuevo el proyecto al Senado.
Las diferencias entre los proyectos del Senado y la Cámara Baja deberán ser limadas antes de que se envíe la legislación para su firma al presidente, George W. Bush, lo que podría ocurrir la próxima semana. Ambos proyectos conceden a las autoridades más facilidades para realizar escuchas telefónicas a sospechosos y establecen penas más duras para los terroristas y para quienes les dan cobijo o les conceden ayuda financiera. La legislación busca, además, descubrir los movimientos de los terroristas a través de Internet.
Alegando que las autoridades libran la nueva guerra antiterrorista del siglo XXI con "armas anticuadas", el fiscal general de EE UU, John Ashcroft, había instado al Congreso a que aprobase pronto esta ley.
Competencias ampliadas
Poco antes de que eso ocurriese en la Cámara, el fiscal general volvió a repetir su constante petición de los últimos días, con el argumento que le da la alerta máxima que ha declarado el FBI ante la posibilidad de que se produzcan nuevos atentados. El Gobierno necesita "ahora mismo" los "instrumentos para detener e interrumpir las actividades de los terroristas", ha indicado el secretario de Justicia.
Esta legislación amplía significativamente las competencias del Gobierno federal en materia antiterrorista y hace énfasis en la penalización de organizaciones y países que amparan a grupos terroristas. Además, incrementa la definición de terrorismo a actividades de asesoría y "apoyo" -financiero o técnico- de estos grupos. En EE UU, hasta ahora sólo era delito ofrecer este tipo de asistencia a espías o narcotraficantes.
Muchas organizaciones civiles consideran que la ley mermará los derechos fundamentales en este país, pero sus defensores creen que no sucederá así. "Un buen gobierno permite que la gente esté segura al mismo tiempo que preserva sus libertades, y eso es lo que hace este proyecto de ley", ha apuntado Richard Armey, líder republicano en la Cámara. James Sensenbrenner, presidente del Comité Judicial de la Cámara, confia en que el proyecto sea aprobado por el Senado en la redacción a la que se ha dado luz verde en la Cámara Baja.