El Senado de EE UU ha retocado la ley antiterrorista que redactó la Cámara de Representantes y ha borrado la fecha de caducidad de las medidas más controvertidas. La ley redactada por la Cámara de Representantes reducía las trabas judiciales para que la policía y el FBI puedan pinchar teléfonos de supuestos terroristas en los próximos años, pero el Senado quiere que esa medida sea permanente y desea endurecer las penas por lavado de dinero. Los congresistas aprobaron su texto sin atender las sugerencias del Senado. Ambas cámaras deberán ponerse de acuerdo la semana que viene antes de enviar la ley a la Casa Blanca.
Los congresistas y senadores no quieren que se repita el bochorno de 1995, cuando tardaron un año en aprobar nuevas leyes antiterroristas tras el atentado de Oklahoma. Ahora tratan de actuar con celeridad, pero la falta de unanimidad entorpece los avances.
El Senado aprobó por 96 votos contra uno su propuesta de ley para combatir el terrorismo y apoyar las investigaciones tras los atentados. La ley despierta suspicacias entre los defensores de los derechos civiles. La ley permitirá al Gobierno federal detener a un extranjero durante siete días como medida preventiva sin tener que presentar cargos contra él. Pasado ese tiempo, deberán formularse las acusaciones o iniciarse el proceso de deportación.
'Pinchazos' telefónicos
La regulación cambiará las normas jurídicas que rigen los permisos para realizar pinchazos telefónicos. A partir de ahora, las autoridades no necesitarán una orden judicial para cada número sino para cada individuo.
Además, la ley facilita el sistema de requerimientos judiciales a los proveedores de Internet para que entreguen al FBI copias de los correos electrónicos y del registro de navegación de los individuos acusados de terrorismo. También establece penas más duras contra los individuos o compañías que participen en operaciones de lavado de dinero para el terrorismo. Muchos congresistas demócratas, como Peter DeFazio, temen que prolongar la vigencia de esta legislación "sirva para dañar las libertades civiles en vez de luchar contra el terrorismo". La semana que viene una comisión conjunta tratará de acordar un texto para que Bush pueda firmarlo.
Por otra parte, el presidente no parece contento con la propuesta de ley de seguridad aérea que el Senado también aprobó por mayoría abrumadora. Los senadores quieren traspasar al Gobierno federal la vigilancia de equipajes en los aeropuertos, mientras que Bush prefiere mantener esa labor en el terreno privado. Una enmienda de la ley redactada por el Senado permite a los pilotos llevar armas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de octubre de 2001