El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha firmado una orden que permite que extranjeros acusados de terrorismo sean enjuiciados por cortes militares y no por tribunales civiles, según han señalado fuentes de la Casa Blanca. Éstas añadieron que la orden ejecutiva señala que esos tribunales deben ser designados por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
Algunos grupos civiles ya consideraron como excesiva la ley antiterrorista aprobada tras los atentados
La orden ejecutiva del presidente Bush subraya que el presidente ha determinado que existe "una emergencia extraordinaria para los propósitos de defensa nacional, que esta emergencia constituye un interés urgente para el Gobierno y que esta orden es necesaria para enfrentar la emergencia".
Una fuente de la Casa Blanca ha indicado que la orden fue firmada por el presidente Bush antes de viajar a su rancho en Crawford (Texas), donde continuará sus reuniones con el presidente ruso, Vladimir Putin. La orden no será aplicable a ciudadanos estadounidenses y constituirá una vía opcional para llevar a juicio a acusados de actos terroristas como los perpetrados contra Washington y Nueva York el pasado 11 de septiembre. "Se trata de un nuevo instrumento en la lucha contra el terrorismo", ha manifestado la fuente de la Casa Blanca.
Derechos civiles
La misma ha añadido que la creación de estos tribunales, que calificó como "comisiones militares", tendrían ventajas sobre los tribunales civiles. Con ellos será más fácil proteger las fuentes de información así como los métodos de investigación, según la Casa Blanca. Además, los juicios se podrían realizar en el exterior.
La fuente ha indicado que "existe la posibilidad de que estos tribunales no sean necesarios y el presidente puede decidir no acudir a ellos, pero ha señalado que es adecuado contar con este instrumento". Después de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno logró que el Congreso aprobase una ley contra el terrorismo que algunos grupos de defensa de los derechos civiles han considerado excesiva.
Esa legislación autoriza a los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a vigilar las comunicaciones de sospechosos de terrorismo. Además, impone fuertes multas a quienes sean declarados culpables de albergar o financiar terroristas.
Interrogatorios masivos a extranjeros
Además de esta orden firmada por Bush, el Departamento de Justicia ha informado que interrogará a unos 5.000 extranjeros que residen en EE UU, como parte de sus investigaciones de los ataques terroristas de septiembre. La lista de extranjeros, todos hombres jóvenes, fue preparada conjuntamente por el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y ha sido enviada a las 94 fiscalías de toda la nación.
El Departamento de Justicia ha señalado que no se trata de "sospechosos" sino de "personas a las que queremos entrevistar porque posiblemente tienen información valiosa" para la investigación de los ataques terroristas del 11 de septiembre. "Podrían convertirse en testigos, pero no lo sabremos hasta que hablemos con ellos", ha señalado la portavoz del Departamento de Justicia, Mindy Tucker. Estos interrogatorios son adicionales a los que inició el FBI en relación con los ataques en Nueva York y Washington.
Según la información distribuida a la prensa, las autoridades judiciales han explicado que los hombres que aparecen en la lista proceden de países con presuntos vínculos a la organización extremista Al Qaeda y desde donde se podrían planear nuevos ataques contra EE UU.
Visados de estudiante, turismo o negocios
No obstante, el Departamento de Justicia no ha detallado la lista de países, aunque ha indicado que todos los individuos -entre 18 y 33 años- entraron a EE UU después del uno de enero de 2000 con visados de estudiante, de turismo o de negocios. Algunos de los 19 terroristas implicados en los ataques terroristas del 11 de septiembre entraron al país procedentes de Europa o con visados obtenidos en Arabia Saudí. EE UU ha responsabilizado al millonario de origen saudí Osama bin Laden por los ataques en los que perecieron unas 4.000 personas.
Las entrevistas a estos individuos serán coordinadas con las unidades antiterroristas de cada fiscalía estatal y con las autoridades policiales locales. La portavoz del Departamento de Justicia ha dicho que las fiscalías han recibido instrucciones sobre las preguntas aceptables y las que no se deben realizar, particularmente aquellas relacionadas con las creencias religiosas.
"Reconocemos que esto tomará mucho tiempo y será una tarea complicada, pero es necesario que ampliemos nuestro conocimiento de las redes terroristas que operan dentro de Estados Unidos", ha afirmado el secretario de Justicia estadounidense, John Ashcroft, quien ha participado en una conferencia de fiscales sobre la lucha antiterrorista.