Una juez argentina ha prohibido al ex presidente Fernando de la Rúa salir del país para investigar la presunta relación de altos funcionarios en la represión policial de las últimas jornadas. La orden ha sido dictada por la juez federal María Servini de Cubría, horas después de que el Parlamento aceptara la renuncia de De la Rúa a la Presidencia, dos años antes de terminar su mandato.
La misma prohibición de salir del país ha sido dictada contra el ex ministro del Interior Ramón Mestre, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, y el jefe de la Policía Federal Rubén Santos, según han informado fuentes judiciales.
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Esta medida ha llegado apenas unas horas después de que dos fiscales argentinos hayan denunciado al ex presidente y a varios ex ministros como presuntos responsables de "homicidios reiterados" por la "brutal" represión policial de las manifestaciones del jueves. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado han pedido también al juez Norberto Oytarbide que se les investigue por "privación ilegal de la libertad, lesiones graves y gravísimas, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".
Los denunciados son De la Rúa, el ex ministro del Interior Ramón Mestre, el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, el ex secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov, el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, "o las personas que resulten responsables". Siete personas murieron en los sucesos registrados el jueves en la Plaza de Mayo y otros lugares del centro de Buenos Aires. Cinco de los muertos en la plaza de Mayo fueron por herida de bala, según fuentes policiales.
El fiscal Freiler ha declarado a Radio Mitre, la denuncia apunta a que "se investigue la comisión de estos delitos", en especial "las muertes que ocurrieron en la Plaza de Mayo", que fueron "consecuencia directa" de la represión. Los sucesos del jueves se produjeron cuando en Argentina regía un estado de sitio por 30 días decretado para hacer frente a los
saqueos de comercios y disturbios del miércoles y derogado ayer por el mismo De la Rúa antes de dejar el cargo.
Obligaciones internacionales
Freiler considera que Argentina "ha incumplido obligaciones internacionales, por ejemplo no haber puesto en conocimiento del secretario general de la OEA y de la ONU el establecimiento del estado de sitio, tal como lo disponen normas internacionales". Los representantes del Ministerio Público sostienen que el estado de sitio "se utilizó como pretexto" para desatar la represión y para "preservar una posición casi corporativa".
En su dictamen, expresan que "parece claro que el Poder Ejecutivo Nacional se extralimitó en su actuación, pues prácticamente suprimió las garantías individuales menoscabando los derechos que acuerda la ley fundamental a los ciudadanos". "La lacerante sensación de impunidad con que se llevó a cabo la represión indiscriminada de ciudadanos, militantes, niños, ancianos y transeúntes, exige la reacción integral del estado de derecho en
aras de investigar las responsabilidades emergentes de los eventos y el castigo de los responsables", puntualizan.
La acción policial en Plaza de Mayo derivó en una avalancha de denuncias e intervenciones de oficio por parte de la justicia, entre ellas la de la magistrada María Servini de Cubría. La organización Amnistía Internacional se ha dirigido al presidente interino, Ramón Puerta, al que ha pedido que tome medidas para que "cese la represión", se respeten los derechos humanos y las fuerzas de seguridad actúen "dentro de los ámbitos prescritos por las normas internacionales". Amnistía Internacional ha hecho hincapié en que, según normas internacionales, las fuerzas del orden no pueden hacer uso de armas de fuego para disolver protestas, y ha reclamado que todas las muertes y los casos de heridas graves como consecuencia de los disturbios "sean sometidos a una investigación pronta, imparcial y exhaustiva".