La justicia argentina ha registrado esta madrugada las oficinas de cuatro grandes bancos privados de Buenos Aires por una denuncia sobre supuestas fugas de capitales ocurridas a finales del año pasado. Asistido por expertos de la policía, el juez federal Norberto Oyarbide ha ordenado los registros en oficinas del Citibank y de los bancos Río (perteneciente al Santander Central Hispano), Galicia y Boston.
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El subcomisario Guillermo Calviño ha señalado que la misión de la policía es buscar "todo tipo de documentos relacionados con la fuga de capitales al exterior". Estos registros siguen a otros ordenados en la madrugada de ayer en oficinas del BBVA-Banco Francés (filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), de una compañía aérea y de empresas de transporte de caudales. Otras dependencias que también han recibido la visita de los agentes fueron el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires y la estación aérea internacional de Ezeiza.
El juez Oyarbide está investigando una denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias, quien dice conocer irregularidades en envíos de dinero al exterior antes de las restricciones impuestas por el Gobierno para la extracción de dinero en efectivo de los bancos, e incluso después.
10.000 millones de dólares
Iglesias ha declarado a Radio Continental que entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre pudieron haber salido del país 26.600 millones de dólares, cantidad que varios expertos consideran descabellada. Al respecto, la juez María Servini de Cubría, que está a cargo de otra investigación por el mismo motivo, ha cifrado esta madrugada en unos 10.000 millones de dólares la cantidad evadida desde que entraron en vigor las restricciones impuestas al circuito financiero.
El juez Oyarbide ha confirmado que "los procedimientos que se están realizando son varios" y "en distintos lugares del país", y tienen como objetivo "saber si es verdad lo que afirman los denunciantes". Hasta esta noche, no ha habido ninguna información oficial sobre la documentación que ha recabado el juez ni posibles inculpados en la trama.
La policía, que también ha registrado puestos de peaje de autopistas, donde se graba a los vehículos que pasan por ellos, se ha llevado documentación y cintas de vídeo. La orden del juez Oyarbide fue dictada después de que durante varios días circulasen rumores de todo tipo sobre el asunto, entre ellos los que hablan de presuntos testigos del tránsito de centenares de furgones de caudales hacia el aeropuerto de Ezeiza.