El Gobierno aprobará un paquete de medidas para que se cumplan las leyes contra el maltrato

El Consejo de Ministros aprobará el viernes medidas para lograr el cumplimiento "estricto" de las leyes contra la violencia de género con propuestas como la suspensión del régimen de custodia o visita de los hijos o la puesta a disposición judicial de los agresores que violen las órdenes de alejamiento, según ha anunciado esta mañana la secretaria general de Política de Igualdad, Soledad Murillo, tras reunirse con colectivos de mujeres.

Tras la entrevista con representantes de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, Murillo ha señalado que, con el fin de tener listas estas medidas para el viernes, se están celebrando esta semana reuniones en los ministerios de Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales. La secretaria de Igualdad no ha querido adelantar el rango legal que tendrán dichas medidas ni tampoco concretar su contenido, pero ha indicado que "se está trabajando" para coordinar a "los medios policiales" y que "se quiere tener una vigilancia y seguimiento del agresor" y también "poner a disposición judicial a las personas que incumplan las medidas de alejamiento". Además, Murillo ha indicado que medidas pretenden paliar la desprotección de las víctimas hasta que se elabore y entre en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género.

En nombre de las 15 asociaciones presentes en la reunión ha tomado la palabra Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, quien ha destacado entre las propuestas de estas organizaciones para garantizar la protección de las víctimas la necesidad de que los poderes públicos actúen de oficio tras tener conocimiento de una agresión. "No podemos dejar que sea ella quien decida si le parece bien poner una denuncia o si le parece bien que le den una alejamiento", ha subrayado Abril tras destacar que el maltrato psíquico o físico es delito y no falta y, como tales, "perseguibles de oficio". La secretaria general de Políticas de Igualdad ha señalado en este contexto la necesidad de que en el ámbito judicial se sea "escrupulosísimo", que se realicen "atestados" como en los accidentes de tráfico, con fotografías y huellas dactilares, y que "actúe la policía con todos sus medios".

Segunda reunión con el Gobierno

Resulta imprescindible, ha añadido, la coordinación de las fuerzas de seguridad y orden público, "para que esto no se convierta en lo que se está convirtiendo, que poner una denuncia te coloca en situación de riesgo". A su juicio, "en ningún momento" se puede confiar en que un agresor, "que no respeta un derecho constitucional y humano como es la vida de su compañera sentimental o esposa", va a cumplir una orden de alejamiento si la ha vulnerado. "Hay dispositivos, ya están en la ley y vamos a hacer cumplir la ley: que pase inmediatamente a disposición judicial y en función del atestado, no de una simple toma de contacto, sino de un atestado con todo rigor y forma, se tomen medidas de prisión provisional si se diera el caso", ha subrayado.

La violencia doméstica es una "absoluta prioridad" en la agenda del Gobierno, pero Murillo insistió en la necesidad de no "precipitarse" a la hora de aprobar la ley integral contra la violencia de género, para la que se mantiene el compromiso de remitirla a las Cortes el 31 de junio. Ante la exigencia hecha ayer por el PP de que se presente en un mes, hareiterado que ese partido "tiene que saber que precisamente la precipitación ha llevado a una falta absoluta de eficacia". Las asociaciones de mujeres coinciden en que las prisas no son buenas y apuestan por lograr al máximo consenso para que la norma sea efectiva y perdure en el tiempo. Ángela Alemany, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha mostrado su satisfacción por la reunión y destacó que Murillo les ha ofrecido participar en las comisiones que se creen en los diferentes ministerios y que su voz sea "vinculante" a la hora de articular determinadas medidas.

Además, Alemany se ha mostrado convencida de que, si se cumple la normativa actual disminuirán las agresiones, al tiempo que ha reclamado una policía especializada, formación para los jueces, medidas para evaluar el riesgo de cada víctima y fomento de la coordinación. Se trata de la segunda reunión que mantienen estas asociaciones con el Gobierno, tras la del 23 de abril con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y con el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera.