El Gobierno español quiere aplicar un cambio de rumbo en la política de telecomunicaciones de los últimos años y eliminar gradualmente el intervencionismo estatal en este sector, según ha anunciado el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros.
"(El nuevo marco de regulación) debe fundamentarse en una creciente autonomía de las empresas para establecer sus modelos operativos y planes de negocio y en una eliminación progresiva del intervencionismo protector existente hacia los nuevos entrantes y dotación de mayor protagonismo a las leyes de mercado", ha declarado Ros ante una comisión parlamentaria.
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El secretario de Estado ha añadido que el Gobierno tiene previsto aprobar este nuevo marco regulador antes de fin de año. "El objetivo es disponer ante de que termine el año de un marco jurídico completo", ha augurado Ros.
Además ha asegurado que el nuevo modelo de competencia ya fue revisado por el regulador, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, aunque aún tendrá que pasar por un órgano consultivo, el Consejo de Estado.
España liberalizó el sector de las telecomunicaciones a finales de 1998. Para fomentar la competencia en este sector, el anterior Gobierno mantuvo un régimen de tarifas reguladas y obligó a Telefónica, el operador dominante, a dar acceso a las redes de telecomunicaciones a los nuevos entrantes a precios determinados por la CMT.
No obstante, tras mas de cinco años de plena apertura, el grado de competencia, sobre todo en telefonía fija, sigue siendo reducida. A finales de 2003, Telefónica seguía controlando el 83% de los ingresos de la telefonía fija (incluyendo las cuotas de abono mensuales) y gestionaba algo más del 75% del tráfico. El segundo operador, Auna, controlado por Endesa, Unión Fenosa y Santander, controlaba sólo el 5,8% de los ingresos y el 12,8% del tráfico.
Ros ha anunciado que el nuevo marco regulativo será más sencillo y transparente y mejorará la competitividad en el sector.