Las infraestructuras ferroviarias las ha pagado, tradicionalmente, el Gobierno central. Las correspondientes a la línea de alta velocidad que unirá Madrid con Barcelona y la frontera francesa van a cargo de la empresa pública Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). Esta entidad fue creada en abril de 1997, y sus estatutos fijaban como objetivos de la misma construir y explotar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.
El patrimonio del GIF está formado por aportaciones estatales (inicialmente fue dotado con 60.000 millones de pesetas procedentes de las privatizaciones), fondos comunitarios, subvenciones y préstamos que pueda conseguir y que serán liquidados en su momento gracias a la percepción del canon de uso de las vías. Esto significa que, salvo las partidas destinadas procedentes de privatizaciones, el Ministerio de Fomento no realiza grandes aportaciones al proyecto. El GIF recibe dinero de fondos europeos (hasta el 60% del coste del proyecto) y de préstamos cuya cuantía no está predeterminada.
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El primer presidente de la empresa pública fue el independiente Albert Vilalta, que antes había sido consejero de Medio Ambiente en el Gobierno catalán y luego fue secretario de Estado de Infraestructuras con el primer Gobierno del PP.
La línea de alta velocidad está proyectada pensando en las directivas comunitarias que serán de obligado cumplimiento y que prevén la liberalización ferroviaria.
Las vías son como una autopista y quien quiere pasar por ellas no tiene más que solicitar un determinado horario y pagar el canon correspondiente. De hecho, la línea no sólo servirá para que circulen los trenes de alta velocidad. Tanto el Gobierno central como el catalán están pensando en utilizarla para trenes de largo recorrido y para regionales. Teniendo en cuenta que la línea está siendo construida con ancho europeo, nada impide que por ella pasen tanto los trenes de Renfe como los ferrocarriles franceses o los de cualquier otra empresa ya existente o futura, regular o incluso charter que quiera fletar trenes propios o alquilados.
La propuesta del Ministerio de Fomento para que el Ejecutivo catalán aporte lo que cueste prolongar la línea entre la población de El Prat y el aeropuerto abre dos interrogantes: el primero, la fórmula legal para esta insólita aportación; el segundo, saber si ello dará derecho al Gobierno catalán dentro del GIF. Otros subdebates tienen que ver con el origen de los fondos que el Ejecutivo que preside Jordi Pujol destine a estas obras. Hasta ahora, ni una sola comunidad autónoma ha puesto una sola peseta en obras ferroviarias que superen los límites territoriales de la propia comunidad, ya que éstas son consideradas 'de interés general'.
El Estatut atribuye al Gobierno catalán las competencias en las líneas ferroviarias que discurran dentro de la comunidad. Esto ha servido para que la oposición (PSC, ERC e IC) haya propuesto la creación de una autoridad ferroviaria catalana que gestiones y organice los trenes de Cercanías y los regionales. Una propuesta que ha hecho suya el propio Gobierno catalán, según dejó claro hace dos semanas el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macias. Pero las líneas de largo recorrido quedan explícitamente fuera de las competencias del Ejecutivo catalán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de febrero de 2001