El ministro de Economía, Rodrigo Rato, remitió el mismo lunes al Banco de España una carta en la que le exige que investigue las 138 cuentas cifradas que tiene el HSBC según reveló el viernes el gobernador Jaime Caruana. Rato pretendió así presentarse en el Congreso con un anuncio que alejara las sospechas de que él beneficiaba al banco británico tras el crédito de 525 millones que esa entidad concedió a Muinmo, una empresa de la que el vicepresidente es accionista. Ayer, a cambio, Rato minimizó esa reclamación con el argumento de que, hasta donde sabe, esas cuentas no son secretas y, por tanto, son legales.
MÁS INFORMACIÓN
- GRÁFICO GRÁFICO
- Caldera reclama la dimisión del gobernador ' por permitir' cuentas secretas
- Una excepción legal que puede vulnerar la norma europea contra el blanqueo de dinero
- El Gobierno admite que las cuentas cifradas del HSBC son ilegales y anuncia una investigación
- Una inspección de la CNMV descubrió en mayo de 1999 las cuentas cifradas suizas en el HSBC
- El HSBC tiene 138 cuentas opacas en España por valor de 11.292 millones
- Claves:: Quién es quién en el 'caso Gescartera'
Rodrigo Rato dirigió el pasado lunes, unas horas antes de comparecer ante los diputados, un escrito al Banco de España para que la institución investigue las cuentas cifradas del HSBC y las actuaciones practicadas "en caso de haberse descubierto" esos depósitos secretos. Ese requerimiento no ha sentado nada bien en la autoridad monetaria, muy celosa de su autonomía. Según el documento al gobernador, Jaime Caruana, el vicepresidente solicita "información acerca de si en las inspecciones practicadas por el Banco de España se han detectado este tipo de cuentas".
Caruana conocía la existencia de estas 138 cuentas en el HSBC porque el Banco de España pidió a todos los bancos relacionados con Gescartera que investigaran las cuentas que pudieran haber tenido relación con la agencia de valores. HSBC envió documentación a Caruana en la que se decía que tenía abiertas 138 cuentas con un mismo titular: la filial suiza del HSBC y un número como acompañamiento. Y que no se trataba de una cuenta única. El saldo global de esas cuentas es de 11.292 millones de pesetas que, según el HSBC, no tienen relación con Gescartera.
El Ministerio de Economía basa su reclamación en un posible incumplimiento de la ley contra el blanqueo de capitales, una norma europea trasladada por ley a España y desarrollada en un real decreto de 1993. Según la ley española, cuando el banco tiene "indicios" de que el titular de la cuenta no es su beneficiario último, tiene que comunicar a las autoridades que hay un posible incumplimiento de la ley. Esta norma podría, en principio, aplicarse a las cuentas cifradas toda vez que el Banco de España sospecha que la filial suiza no es el beneficiario último.
En Economía, además, argumentan que la reclamación del vicepresidente no vulnera la autonomía del Banco de España toda vez que el blanqueo de capitales depende de la secretaría de Estado que encabeza José Folgado.
Secreto bancario
El problema es que el Banco de España no puede pedir la titularidad final de estas cuentas porque están abiertas en Suiza, país que protege por ley el secreto bancario. La única manera de conocer los nombres de estos titulares sería que un juez, en el caso de que encontrara indicios de delito, pidiera a las entidad suiza, el Republic Bank, los nombres de los beneficiarios reales.
El Banco de España, además, ya tuvo conocimiento de la existencia de estas cuentas en 1999, cuando la CNMV abrió una inspección rutinaria a la gestora de fondos de inversión de Gescartera. La gestora tenía en el HSBC hasta 33 cuentas cifradas a nombre de la sucursal suiza. Cuando la CNMV preguntó por la identidad de los clientes que se escondían detrás de las siglas de la sucursal suiza, no le dieron la información, por lo que decidió comunicar su descubrimiento al Banco de España.
El vicepresidente anunció el lunes en la Comisión Gescartera que había ordenado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y al Banco de España, que preside Folgado, que investigasen si existen en España "cuentas numeradas" en entidades financieras. Rato indicó que con esta orden pretende que "se depuren las responsabilidades que procedan habida cuenta de que estas cuentas están prohibidas en España".
La polémica se originó por las declaraciones de Caruana el viernes en el Congreso, realizadas a puerta cerrada por expreso deseo del gobernador. Caruana reconoció que las cuentas son "fiscalmente opacas", pero que "funcionan correctamente en sus operaciones de ingresos y pagos". El gobernador explicó que HSBC siempre declara la entrada y salida de los capitales para cumplir la norma referente a la balanza de pagos de España. El máximo responsable del Banco de España aclaró que no le gustan estas operaciones, pero que son "difícilmente atacables porque cumple con la legalidad" y porque "existen en todos los países".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de octubre de 2001