La Comisión Nacional de Reproducción Asistida celebró ayer su primera reunión desde la toma de posesión de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, a finales de abril del año pasado. Entre sus conclusiones está mantener la recomendación al Gobierno de que permita investigar con los cerca de 40.000 embriones que permanecen congelados en las clínicas de reproducción asistida, producto sobrante de procesos de fecundación in vitro. La Comisión se creó en 1997 como órgano asesor del Gobierno y está compuesta por biólogos, médicos, expertos en bioética y profesionales del derecho. La reunión, que aprobó el informe por mayoría, fue presidida por el secretario general de Coordinación y Gestión Sanitaria, Rubén Moreno.
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Fuentes de Sanidad afirmaron que era una "casualidad" que la reunión se hubiera convocado un día después de que la empresa estadounidense Advanced Cell Technology anunciara que había realizado los primeros experimentos de clonación en humanos.
El Ministerio utilizará el informe, que repite las conclusiones adelantadas por miembros de la Comisión después de su anterior reunión, a principios de abril del año pasado, "como un elemento más de un debate que tiene que ser enriquecido en el entorno europeo e internacional", afirmó Moreno.
Ayer, portavoces de los grupos parlamentarios del PP, IU y PSOE se manifestaron a favor de cambiar la anticuada ley española para permitir la investigación.
El PSOE presentó además, una proposición no de ley para que se permita la clonación terapéutica "con todas las garantías de seguridad", según el diputado Jaime Lissavetzky. La portavoz de IU Marisa Castro se mostró de acuerdo con esta iniciativa que se añade a la que presentaron los socialistas el 6 de noviembre para permitir el uso científico de los 40.000 embriones sobrantes de procesos de fecundación in vitro que se mantienen congelados.
En el PP, el diputado Mario Mingo se mostró favorable a la clonación terapéutica, según Europa Press, ya que "abre enormes posibilidades" en la "terapéutica y la prevención de numerosos procedimientos médicos".
La clonación humana puede tener como objetivo la creación de individuos idénticos al original (clones) o la obtención de embriones que sirvan como fuente de células madre. La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, afirmó ayer que en la legislación de la mayoría de los países, "casi en el 100%", el acuerdo "es unánime" para prohibir la clonación humana. Birulés propuso a cambio que se siguiera investigando en otros campos de la biología molecular.
Ley de 1988
La Ley española sobre Técnicas de Reproducción Asistida se promulgó en 1988, diez años antes de que los científicos empezaran a asomarse a la utilidad de las células madre, y al empleo de embriones como fuente para obtener estos cultivos. La clonación y la utilización experimental de los embriones humanos son, en realidad, dos partes del mismo objetivo científico: la obtención, a partir de embriones humanos de pocos días, de cultivos de células madre que pueden producir luego tejidos útiles para trasplantes. Si este procedimiento empieza por una clonación, la ventaja es que los tejidos resultantes son genéticamente idénticos a los del paciente, lo que evitaría el rechazo inmunológico.
Acerca de las críticas de la Conferencia Episcopal, que equipara la destrucción del embrión para obtener células madre con el aborto, el diputado popular Mingo añadió que "no se deben limitar las posibilidades terapéuticas que [la clonación] tiene para toda la humanidad".
En la Unión Europea, el comisario europeo de Investigación, Philippe Busquin, expresó su disconformidad con la financiación pública de la clonación terapéutica, una práctica que en la UE sólo está autorizada en el Reino Unido, informa Sandro Pozzi.
"No todo lo que es científicamente posible o tecnológicamente realizable es necesariamente deseable o admisible", dijo Busquin, que sí se mostró dispuesto a conceder ayudas a investigaciones limitadas sobre las células madre, siempre y cuando no incluyan la clonación.
Busquin, con todo, indicó que la Comisión Europea no tiene la intención de convertirse "en la guardiana ética de Europa" ni de proponer normas comunes para reglamentar una política que es exclusiva de los Estados miembros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de noviembre de 2001